El Gobierno negociará con Bruselas contar con un año más para cumplir con los objetivos de déficit público, después del cierre del ejercicio 2015 en el que déficit se ha desviado 0,8 puntos de las previsiones iniciales, acabando en el 5 por ciento, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Una desviación que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha atribuído al gasto excesivo de las CCAA y de la Seguridad Social.
Los objetivos de estabilidad previstos por el Gobierno y aprobados por Bruselas situaban el déficit público para el presente año por debajo del 3 por ciento, en el 2,8 por ciento, y continuaba la senda de descenso en los siguientes ejercicios, con una reducción hasta el 1,4 por ciento en 2017 y al 0,3 por ciento en 2018.
Sin embargo, tras incumplir el objetivo de déficit de 2015, que estaba situado en el 4,2 por ciento, sobrepasando el gasto en más de 8.000 millones de euros, el Ejecutivo ha optado por hacer previsiones macroeconómicas "más realistas", tal y como aseguró esta misma semana el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos.
Para ello, se va a tomar como punto de partida el cierre del déficit de 2015, que se situó en el 5 por ciento, según el último cierre de cuentas que ha realizado el ministro de Hacienda, después de haber anunciado un desfase mayor que situaba el déficit en el 5,16 por ciento.
Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que lo que el Gobierno está contemplando es proponer a Bruselas el aplazamiento de un año en el cumplimiento de los objetivos. Esto significaría que no se situará este año el déficit de las cuentas públicas por debajo del 3 por ciento, sino que este objetivo se vería aplazado al menos durante un año.
El 3 por ciento del PIB es el tope según el cual Bruselas puede aplicar sanciones por déficit excesivo, tal y como está regulado en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Precisamente la petición de un año más a Bruselas para cumplir con esa premisa está contenida en el "Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso" que firmaron el PSOE y Ciudadanos. En ese documento se planteaba aplazar al 2017 el logro de un déficit por debajo del 3 por ciento, para hacer compatible la reducción del gasto con las políticas sociales y evitar así nuevos recortes.
Ahora, el ministro de Hacienda también considera que la reducción del déficit debe ser compatible con el crecimiento y la creación de empleo y así lo afirmó el pasado jueves en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar la desviación de 2015. Además, aseguró que esta es la "lección" aprendida durante estos años.
"Hay que seguir reduciendo el déficit público. ¿A qué ritmo?. Al que sea compatible con mantener un crecimiento económico creador de empleo. Tenemos el lastre del paro, que hay que vencer con crecimiento económico. Y, por tanto, hay que reducir el déficit público como instrumento de mejora de la economía para conseguir crecimiento económico y creación de empleo", expuso Montoro.
El titular de Hacienda también recordó que el presidente en funciones Mariano Rajoy ya había ofrecido a los grupos políticos negociar una nueva senda de flexibilización del déficit público, ofrecimiento que se mantiene, si bien deberá "acomodarse con la Comisión Europea (CE) y los socios europeos".
De hecho, si Bruselas admite la propuesta de España, se puede allanar el camino con las CCAA, que han recibido muy mal la carta que les ha remitido Cristóbal Montoro esta semana dándoles un plazo de 15 días para adoptar las medidas necesarias para acomodar sus cuentas al objetivo de déficit de este ejercicio, que para las autonomías es del 0,3 por ciento.
Esa carta suponía el inicio de la aplicación de las primeras medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y aunque el ministro les leía las dos primeras líneas del punto que les estaba aplicando, lo cierto es que el artículo que citaba el ministro, el 25.1, prevé, entre otras cosas, que el Gobierno asuma la recaudación de los impuestos cedidos, si es necesario, o la obligación de las CCAA de constituir, si se lo solicita el Ministerio de Hacienda, un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su PIB nominal, que podría llegar a convertirse en multa coercitiva si la autonomía correspondiente incumple reiteradamente los objetivos.
