Sara López Moreno, exfuncionaria de la Junta de Distrito madrileño de San Blas, se ha declarado este jueves culpable en el juicio del 'caso Guateque' y ha admitido que cobró de un intermediario 2.500 euros por facilitar que una licencia saliera adelante.
Así lo ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid tras preguntarle si se declaraba inocente o culpable. López afronta una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel por su implicación en el caso.
Al inicio de su escueto interrogatorio, el fiscal le ha preguntado si aconsejó a un promotor contratar a Antonio Sanz Escribano, uno de los supuestos intermediarios de la trama, para que le llevara los trámites de obtención de una licencia.
Y si con ello consiguió una comisión de 2.500 euros por favorecer la marcha de esa licencia, dado que llamó en dos ocasiones a los responsables municipales de licencias. "Sí señoría", ha respondido al representante del Ministerio Fiscal.
NO RECONOCE CONVERSACIONES
Además, ha declarado Carmelo García, exfuncionario de la Gerencia de Urbanismo y propietario de la sociedad AC93, una de las empresas de la presunta red corrupta.
En su caso, ha negado todos los hechos que se le imputan y ha denunciado que casi le matan en la cárcel porque el juez Santiago Torres le acusó falsamente de 'chivato', algo que luego aclaró la prensa.
En su interrogatorio, ha subrayado que "jamás" pidió "un duro" en relación a una tienda de animales. "Nunca pedí nada", ha aseverado el exempleado público, que afronta una petición fiscal de 21 años de cárcel.
Además, se le ha preguntado sobre el expediente de la Clínica Ruber, que contrató a AC93 para unas obras de climatización en el edificio de la calle Juan Bravo de la capital. Al respecto, ha aseverado que nunca tuvo nada que ver con esta clínica.
Igualmente, ha negado que tuviera una conversación con el extécnico de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón acerca de un supuesto "requerimiento fuerte" a la citada clínica.
"No tengo ni idea porque yo no tuve esa conversación", ha dicho de forma rotunda, negando también otra conversación con el empresario Santiago Castillo. "Yo nunca hablo por teléfono", ha replicado secamente.
"Yo estuve en prisión y estaba hostigado por dos funcionarios en la cárcel, ya que el juez dijo que yo había confesado. Me tachó de chivato. Un día me llevaron al Juzgado. Me dijo el juez Torres: ¿Usted ha entregado tres millones a Fernando Ruiz?. Dije que sí. Pero en ese momento hubiera dicho sí a todo", ha confesado.
"Estaba acojonado. Me iban a matar. Esos días entraron unos funcionarios. Me dieron una celda para mí. Si hubiera dicho que maté a mi padre, hubiera dicho que sí. Me iban a matar en la cárcel", ha manifestado.
Tras ello, el fiscal le ha dicho que por qué no denunció esto hechos. Y éste ha agregado que luego le quisieron "hacer otra jugada" porque le pidieron que diera datos. "Es muy fuerte. Estuve amenazado de muerte porque este señor dijo que era un chivato", ha agregado.
EDUCADO EN LA HONRADEZ
También ha prestado declaración Jesús Vicente García, arquitecto que colaboró en ocho proyectos con Antonio Sanz Escribano. Se enfrenta a dos años y medio de cárcel por participar en la tramitación irregular de una licencia con una dádiva de 15.000 euros para Victoriano Ceballos.
"Jamás me hablaron de esa cifra. Estoy educado en la honradez. Si hubiera visto algo hubiera cortado relación -con su socio--. Jamás me habló de dádivas", ha reiterado en varias ocasiones.
Tras declarar su inocencia, ha negado haber participado en los trámites para obtener una licencia para una sala de fiestas en un teatro de la calle Santa Brígida número 5, manifestando que solo se dedicó a hacer el proyecto de obras.
"No he tenido contacto con nadie de Medio Ambiente. Se debió dar entre Sanz Escribano y los técnicos", ha aseverado a preguntas del fiscal, a quien ha hablado de Sanz Escribano como "un gran profesional del sector".
"Yo a esto nunca le presté mucha atención. Le preguntaba: lo tienes controlada Antonio. Yo nunca participé. Era una relación de Antonio con Medio Ambiente", ha insistido.
Tras recordarle una conversación en la que le dijeron que los técnicos se dejaban querer, ha indicado que no lo entendía en relación a pagos, sino que se interesaban de forma habitual con los expedientes.
Finalmente, ha expuesto al tribunal lo que ha supuesto su implicación en esta causa, que le está "matando la vida". "Me ha creado una enfermedad por impotencia ante esta situación. Es demencial", ha apostillado.
