El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que su maniobra de incorporar a Podemos en su Gobierno autonómico no tiene porqué ser extrapolable ni a otras regiones ni en forma de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha aclarado que su función es "defender los intereses" de su tierra, y si ha tomado esta decisión ha sido por "ser coherente" con su programa de Gobierno y con el pacto de investidura por el cual Podemos favoreció su elección como presidente.
En todo caso, ha dicho que entiende que pueda interpretarse de ese modo, pero ha insistido en rechazar que el caso de Castilla-La Mancha sea un laboratorio de lo que pueda pasar en otros planos. "No tiene que ser copiable".
Del mismo modo, ha reconocido que el líder de su formación a nivel nacional, Pedro Sánchez, ha apoyado este pacto y "ha estado con ganas de desbloquear el acuerdo presupuestario". "Pedro tiene claro que su papel tiene que ser el de contribuir con el buen hacer de los gobiernos autonómicos", ha enfatizado.
SIN PLAN B SI LA MILITANCIA DE PODEMOS LO RECHAZA El acuerdo ofrecido a Podemos de entrar en el Gobierno autonómico tiene ahora que someterse al dictamen de la militancia de la formación morada. Ante este escenario, y preguntado por la posibilidad de que las bases moradas rechacen esta alternativa, García-Page ha dicho no tener un plan 'B', y si eso llegara a pasar tendrá que "analizarlo".
En todo caso, se ha querido instalar en la "tesis positiva" de que los inscritos del partido que lidera José García Molina en la región opten por apoyar este acuerdo, ya que "mucha gente está esperando" que se dé luz verde al nuevo presupuesto, ya que recoge 400 millones de euros más para servicios sociales que serán empleados, entre otros extremos, a recuperar recortes salariales de funcionarios o poder contratar a los profesores interinos también en verano.
Sobre el segundo sillón que ofrece a Podemos en su Consejo de Gobierno más allá de la conocida Vicepresidencia Segunda, ha aclarado que se trata de "una responsabilidad con rango de Consejería" para ejercer las labores de coordinación del Plan de Garantía de Rentas, estrategia ideada por Podemos, amparada por su Gobierno y dotada con cerca de 120 millones de euros en el texto normativo de las cuentas.
