Los grupos parlamentarios de la oposición consideran probado que hubo un uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y están buscando un acuerdo de mínimos para las conclusiones de la comisión de investigación que se abrió a tal fin, que deben ser aprobadas antes del próximo 31 de julio.
La comisión, que preside el nacionalista vasco Mikel Legarda, tiene previsto reunirse el próximo jueves para aprobar el correspondiente dictamen tras escuchar desde el pasado mes de abril, cuando arrancó sus trabajos, a cinco comparecientes y recibir abundante documentación.
Los primeros en 'estrenar' la comisión fueron el exministro Jorge Fernández Díaz, al que le siguió el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, ambos protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición.
Posteriormente hizo lo propio el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y los últimos en acudir a la comisión fueron el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, que cerraron el pasado 5 de julio la ronda de comparecientes.
Tras escuchar todos estos testimonios, el PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron convocar a otros comparecientes que solicitaban Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, entre ellos el excomisario ya jubilado José Antonio Villarejo o el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y echaron también por tierra sus pretensiones de prorrogar los trabajos de la comisión.
EL PP SÓLO CENSURARÁ LAS GRABACIONES
Así las cosas, los grupos están intercambiándose desde el pasado miércoles los borradores con sus propuestas de conclusiones con el objetivo de que puedan tantear las posibilidades de transaccionar aquellos puntos en los que haya consenso.
Y, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, existe un mínimo común denominador que previsiblemente facilitará la redacción del futuro dictamen: está "probado" el objeto de la comisión, es decir, hubo un uso partidista del Ministerio del Interior en los tiempos de Jorge Fernández Díaz.
Una conclusión ésta que el PP no comparte, por lo que se da por seguro que los 'populares' se quedarán solos en la defensa de que la actuación de Interior en los últimos años fue correcta. De hecho, vienen reclamando desde hace meses, sobre todo después de escuchar a Fernández Díaz y de De Alfonso, echar la persiana a la comisión que, a su juicio, no ha servido para confirmar la existencia de una "policía política".
Según explicaron a Europa Press fuentes 'populares', lo único que estarían dispuestos a aceptar en las conclusiones que redactarán la próxima semana es que las grabaciones que tuvieron lugar en el despacho del exministro fueron "unos hechos lamentables". Nada más.
No obstante, la oposición confía en que sacarán adelante un acuerdo, aunque sea de mínimos, porque consideran acreditado que se utilizaron los aparatos del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con finalidades políticas.
ERC APUNTA A RAJOY
Pero también porque prácticamente todos coinciden en señalar como responsables directos al exministro Fernández Díaz, que ya fue reprobado por el Congreso, y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
ERC, por su parte, también señala al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, pero va un poco más allá y apunta, entre otros, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como "conocedor obligado" de los hechos que se han analizado e la comisión.
También Unidos Podemos y Ciudadanos citan en sus conclusiones a Rajoy para poner en evidencia que haya mantenido a Fernández Díaz en su puesto pese a su mostrada ineptitud. Es más, el partido naranja recalca que, de no haber habido elecciones, éste continuaría al frente del Ministerio que regentaba.
De su lado, Unidos Podemos también denuncia en sus conclusiones las maniobras de la cartera de Interior para atacar al partido morado, como se desprendió del llamado informe P.I.S.A. (por las siglas Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial sin firma, en el que apuntaba a la supuesta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela e Irán.
Lo propio hacen ERC y el PDeCAT, que centran sus propuestas en denunciar las pruebas "falsas" elaboradas contra el expresidente catalán Artur Mas, el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, o el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el marco de lo que vienen denominando 'Operación Cataluña'.
Esquerra ve, además, necesario que la Mesa del Congreso dé traslado de las conclusiones a la Fiscalía para que lleve a cabo las actuaciones oportunas conforme a todo lo que el Congreso considere probado. Además cita en concreto que, tanto Fernández Díaz como De Alfonso podrían haber incurrido en los delitos de acusación y denuncia falsa y de simulación de delitos.
SE VOTARÁ PREVISIBLEMENTE EN SEPTIEMBRE
El dictamen que el presidente de la comisión de investigación, Mikel Legarda, confía en cerrar el próximo jueves se elevará al Pleno del Congreso que previsiblemente no lo votará hasta el próximo mes de septiembre.
En caso de no alcanzar un acuerdo unánime, como parece probable a tenor de la posición del PP, uno o varios grupos pueden presentar votos particulares sobre los asuntos que hayan sido incluidos en el texto consensuado. Esos textos distintos se incluirán en el informe que se eleve al Pleno de la Cámara pero se votarán por separado.
