La Audiencia Nacional juzga el próximo jueves a los expresos de ETA Anton López Ruiz, "Kubati", y José Miguel Latasa Getaria, "Fermin", por el doble crimen de los guardias civiles Ignacio Mateu y Adrián González, en Aretxabaleta (Guipúzcoa) en 1986, hechos por los que enfrentan a 66 años de prisión.
En su escrito de acusación, la Fiscalía les considera autores de dos delitos de asesinato terrorista y un tercero de estragos terroristas en grado de frustración y, además de la pena privativa de libertad, solicita una indemnización conjunta a las familias de los agentes fallecidos de 500.000 euros.
Según el relato del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 26 de junio de 1986. Aquella mañana los acusados colocaron un primer artefacto explosivo con dos granadas en un árbol próximo a la fachada posterior de la casa cuartel de Aretxabaleta, que se activó con un temporizador a las 6.40, pero sin llegar a alcanzar el acuartelamiento dado el reducido ángulo de tiro que disponían.
Acto seguido, y confiando en que varios guardias civiles se aproximarían al árbol para investigar lo ocurrido, los acusados colocaron un segundo artefacto a 30 metros del primero consistente en un dispositivo trampa que se accionaba 75 minutos después del primero, alrededor de las 8.00 horas, pero no hubo víctimas, porque los agentes no se habían trasladado aun al lugar de los hechos.
Sin embargo, los acusados colocaron un tercer artefacto explosivo bajo dos placas metálicas que se activaban mediante presión, muy próximo al primero que había explosionado junto al árbol.
Cuando los guardias civiles Ignacio Mateu y Adrián González se acercaron a inspeccionar el lugar, pisaron las placas y se activaron las cagas explosivas, lo que les provocó la muerte.
El atentando fue reivindicado por ETA tres días después.
Kubati está en libertad desde 2013 tras cumplir 26 años de cárcel por 13 asesinatos, entre ellos el de la dirigente etarra Dolores González, Yoyes, en el que también participó Latasa Guetaria.
Este último, tras el juicio de Yoyes pasó seis años en prisión antes de repudiar públicamente la violencia, lo que motivó que fuera acusado de traidor por la banda, que incluso planeó asesinarlo y lo expulsó en 1994.
Más tarde consiguió el tercer grado penitenciario, situación que perdió en 1996 al reabrirse un sumario, y posteriormente se le incluyó en la llamada "vía Nanclares", hasta su excarcelación en 2013.
