A nota de prensa diaria. El PSOE de Estepona se ha tomado muy en serio el inicio del curso político y, tras el parón del mes de agosto, cada mañana amanece con una nota informativa diferente que se envía a los medios de comunicación.
Este jueves los socialistas anuncian que presentarán en el próximo pleno de la corporación una moción en contra del anuncio del Gobierno Central de reducir a la mitad su aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales, "lo que supondrá que unos mi ciudadanos esteponeros perderán sus prestaciones".
Argumentan que "la reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concertado afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios de la delegación municipal de Bienestar Social, y que van destinados, principalmente, a los sectores más desfavorecidos como personas sin hogar, programas de exclusión social,… Para colmo, en un momento en que el paro es el principal problemas de Estepona, el PP ignora que, sólo en Estepona, pueden perder su trabajo una veintena de personas".
ERE en el Ayuntamiento
Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “este nuevo varapalo a la Ley de Dependencia, “cuarto” pilar del Estado del Bienestar, se suma a la desastrosa gestión que también en política social está llevando a cabo el gobierno local”. Así, Valadez recuerda que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por José María García Urbano en el Ayuntamiento de Estepona ha supuesto “la destrucción de la política social del Ayuntamiento”.
El dirigente socialista recuerda que, en contra de los compromisos electorales adquiridos por el PP, en la campaña electoral, en el ERE ha supuesto la desaparición del departamento de atención a las personas con discapacidad ya que las dos personas que lo integran, discapacitadas ambas, están integradas en el expediente”. En campaña electoral, en cambio, aseguraba el PP que “se prestará especial atención a los colectivos de discapacitados y personas dependiente”.
También recogía en su programa electoral, el PP, que “se realizará una política activa de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud para mejorar la asistencia sanitaria, ayudando el ayuntamiento a vehiculizar las demandas y quejas de los usuarios”. “No sólo no lo han hecho sino que en el ERE han incluido a la persona que se dedicaba, desde el consultorio médico de Cancelada, a prestar un servicio de calidad a los muchos residentes con los que cuenta esa zona del municipio”, asegura Valadez. En el ERE también han incluido al conserje y al conductor que el Ayuntamiento tiene cedidos a APRONA. Además ha incluido a siete trabajadores sociales, lo que supone el 50% de los técnicos, de la delegación municipal de Bienestar Social.
Trabajadores sociales
Estos empleados municipales son los profesionales básicos de los servicios sociales. Estepona, con una población cercana a los 70.000 habitantes, tiene una plantilla de catorce trabajadores sociales, cuatro de ellos acogidos a distintos programas y subvenciones. Hay cinco unidades básicas de trabajo social y un departamento de geriatría donde se gestionan las prestaciones básicas para los mayores de 60 años, un departamento de atención a las personas con discapacidad y la gestión directa del Programa de Ayuda a Domicilio, coordinado por una trabajadora social. “La delegación de Bienestar Social ha quedado sólo con tres trabajadores sociales en plantilla ya que las cuatro restantes están pendiente de la continuidad de subvenciones supramunicipales y asumen tareas que nada tiene que ver con las que vienen desempeñando el personal afectado por el ERE”.
Para Valadez “el PP nunca ha creído en la política social, y sí en la beneficiencia, y aprovecha la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el aumento de calidad de vida de las personas dependientes, de su entorno, de sus familias, así como la generación de riqueza y empleo para profesionales y empresas, que ha supuesto su puesta en marcha”.
El portavoz socialista también lamentó que “entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un 15% obligatorio (las comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa”. Asimismo, las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.
Respuesta municipal
La respuesta por parte del gabinete de prensa del Consistorio ha sido inmediata. Han recorado la información, ya publicada, en la que el edil del área Económica, Manuel Aguilar, anunció que el Ayuntamiento no ha recibido el dinero de la subvención de 184.000 euros concedida por la Consejería de Salud y Bienestar Social en concepto de servicios sociales comunitarios. Asimismo, se ha insistido en que la falta de pago de la Administración andaluza también está poniendo en peligro otras ayudas como la subvención para tratamiento familiar.
De esta forma, el Ayuntamiento lamenta la doble vara de medir de los socialistas de Valadez y su intento por confundir a los ciudadanos, en relación a la prestación de los servicios sociales que son competencia del Consistorio.
