Los socialistas de Estepona han criticado al alcalde de Estepona, José María García Urbano por firmar un decreto por el que cede a la comunidad de propietarios Alcazaba Beach una parcela que dispone de una superficie de mil cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados y de un local que se encuentra en la entrada de la misma urbanización y que es de titularidad municipal. Recriminan que la cesión de este patrimonio se hace de manera totalmente gratuita y tan sólo se exige a la comunidad de propietarios que se encargue del mantenimiento de las mismas lo que para el concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, "es un auténtico disparate". Este decreto, firmado el pasado 25 de septiembre, establece que se cede en precario "por el plazo máximo de un año desde la firma del presente, extinguiéndose por tanto el día 1 de septiembre de 2013, no pudiéndose prorrogar de modo alguno". En el mismo decreto, del mismo modo, se asegura que "es intención del Ayuntamiento enajenar el local y la parcela mencionados". Para Centeno "es absolutamente incomprensible que el ayuntamiento ponga a disposición de una comunidad de propietarios, de carácter privado, unas magníficas instalaciones, de titularidad municipal, a cambio de nada". Además añade que "cómo se explica que a unos se les regale el uso de los inmuebles públicos cuando hay tantos colectivos y entidades sociales que están demandado desde hace meses que el ayuntamiento les ceda algún espacio en el que desarrollar su actividad en beneficio de la comunidad". El PSOE argumenta que "la crisis económica está justificando todas las decisiones políticas del señor Urbano. La realidad es otra muy distinta. García Urbano está, en tiempo récord, poniendo a la venta todos los bienes públicos que han venido atesorándose desde hace muchos años". Además. Centeno manifiesta que "en estos momentos poner a la venta alguna propiedad municipal supone malvender el patrimonio de todos para que algunos adinerados se hagan por tres duros con lo que es de todos". Por último, el edil socialista solicita al alcalde la revocación de ese decreto y su entrega a algún colectivo social del municipio que realmente necesite un espacio para llevar a cabo su actividad o bien obtenga algún beneficio económico, a modo de alquiler, que permita destinar esa cuantía económica a sufragar algunos de las muchas necesidades que en estos momentos presenta, por ejemplo, el comedor social de la localidad.