El portavoz de los auxiliares de ayuda a domicilio despedidos del Ayuntmaiento de Estepona ha anunciado hoy, a través de una nota, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado, nuevamente, al Consistorio a la readmisión de uno de los afectados.

"Los trabajadores desconocemos los motivos del incumplimiento de las sentencias, a pesar del requerimiento realizado por el Juzgado con fecha 8 de mayo. Considera que se podría estar desobedeciendo de manera intencionada las resoluciones judiciales", indican en una nota.

Recuerdan que "es la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia, recaída en menos de 15 días y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social el pasado 10 de enero de 2017, rechazando el recurso del Ayuntamiento de Estepona, condenando a la readmisión del trabajador y a las costas procesales. La sentencia aclara al Consistorio que para desarrollar trabajos de carácter permanente no cabe la contratación temporal, ya que es considerada realizada en fraude de ley. Indica la sentencia del Tribunal Superior: Es evidente pues, que de acuerdo con la doctrina unificada, las Administraciones Públicas no quedan exoneradas del cumplimiento de esa exigencia legal, puesto que deben someterse a la legislación laboral cuando, actuando como empresarios, celebren y queden vinculadas con sus trabajadores por medio del contrato de trabajo, que habrá de regirse en su nacimiento y en su desarrollo ajustadamente a la normativa laboral que le sea aplicable...”.

Por ello, argumentan que "los trabajadores, no llegamos a entender los motivos del incumplimiento de las sentencias, ya que se están generando salarios de tramitación hasta la readmisión y sin desarrollar trabajo alguno. Es decir, cobraremos las nóminas sin ir a trabajar al estar desobedeciéndose las resoluciones judiciales".

Así las cosas, solicitan al alcalde, José Maria García Urbano, "que desista en su postura de resolver los conflictos en los Tribunales y haga uso del dialogo y la negociación, evitando el despilfarro económico que supone y que pagan los ciudadanos. Ya que serán los ciudadanos quienes tendremos que asumir las consecuencias de su decisión personal, ya que no dejó otra alternativa que acudir a la vía judicial para defender unos derechos que estaban fundamentados jurídicamente, como demuestra esta segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Donde se pone de relieve que el despido fue manifiestamente ilegal y ahora desobedeciendo las sentencias se están perjudicando gravemente los intereses generales de los ciudadanos, por el pago diario de salarios de tramitación sin la contraprestación de nuestro trabajo".