La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado dar un plazo común para que todos los letrados que defienden a acusados en el caso 'Astapa', contra la corrupción política y urbanística en esa localidad malagueña, presenten sus escritos de defensa.
Así, a través de un providencia, la jueza señala que no se ha notificado el auto de apertura de juicio oral a todos los acusados y sociedades responsables, por lo que deja sin efecto el plazo de 60 días dado ya a algunas defensas para presentar esos escritos.
En este sentido, se añade que una vez notificado a todos los acusados esa resolución el letrado de la administración de justicia "dará un plazo común para presentar escritos de defensa para aquellas partes que no lo hayan hecho aún", apuntando que quienes ya lo hayan presentado no tendrán que volver a hacerlo.
El letrado defensor José Carlos Aguilera ha señalado que esto "es una evidencia más no ya del anormal funcionamiento del juzgado, si no de que sencillamente no funciona", considerando "injustificable que se tarde más de tres meses y medio en notificar una resolución judicial".
Así, ha manifestado que esto es "lo que sucede cuando a la falta crónica de recursos humanos y a una carga de trabajo excesiva y acumulada no se le da solución", preguntándose "qué hacen" los organismos con competencia y "quién reparará los daños colaterales y los derechos al honor, imagen, reputación de los acusados".
El juzgado decretó la apertura de juicio oral contra 50 acusados en esta causa, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años y nueve meses de prisión.
En dicha resolución, el juez declaraba la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del procedimiento en su momento y daba un plazo de 60 días, dado el volumen del procedimiento y que se trata de causa compleja, para que las defensas presenten sus escritos; tiempo que ahora ha quedado suspendido.
Además del exregidor, para que además de prisión, el fiscal pide multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público por 38 años; están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, que serían, según la acusación, los principales responsables; así como empresarios y funcionarios.
