“La erradicación de los asentamientos chabolistas asociados a la actividad agraria se ha incorporado a la agenda política, existiendo un consenso sobre la urgencia de una intervención coordinada con autoridades, empresas agrarias y entidades sociales. Este contexto institucional favorable es una oportunidad que debe aprovecharse. No obstante, las soluciones habitacionales deben considerar las necesidades y la participación de la población migrante para ser efectivas”.

Esa es una de las principales conclusiones del  informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, que, elaborado por Andalucía Acoge, de la mano con Huelva Acoge y Almería Acoge, pone el acento en que “por primera vez” en tres décadas algunas administraciones han reconocido que son competentes en esta materia y se han implicado en dar una solución a estas personas.

El informe recoge los principales cambios e hitos que se han producido entre 2023 y junio de 2024 en las personas migrantes que viven en los asentamientos agrícolas de Huelva y de Níjar en los que interviene Andalucía Acoge.

En el caso de Huelva, se pone el foco en los asentamientos de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, aunque también se advierte que “existen indicios de que se han creado nuevos asentamientos en Rociana del Condado y Almonte”.

La población que habita estos infrapoblados está vinculada a la agricultura onubense, principalmente los frutos rojos, y, por tanto, “tiene un carácter más estacional, aunque hay que señalar que ésta también está extendiendo su calendario de producción a lo largo de todo el año”.

Desde Huelva Acoge se interviene en 16 de estos asentamientos con una población de aproximadamente 1.000 personas fuera de la temporada agrícola. Durante la campaña de los frutos rojos, esta población puede llegar a triplicarse. En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30% y el 40% de la población podría vivir allí de forma permanente.

“Las condiciones de vida en estos asentamientos son extremadamente precarias, y los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación. Estos incendios pueden ser causados por diversas razones, como el uso de materiales inflamables en la construcción de las chabolas, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua y electricidad, o el uso de métodos inseguros para cocinar y obtener calor en las chabolas”,a punta el informe, que recuerda, que, entre abril de 2020 y mayo de 2024, se han registrado 22 incendios en los asentamientos, afectando a un total de 2.816 personas, resultando decenas de personas heridas y tres fallecidos.

La población migrante en estos asentamientos es “extremadamente vulnerable, especialmente aquella que se encuentra en situación irregular y se enfrenta a trabas para el empadronamiento”.

Además, Andalucía Acoge apunta que las personas residentes “manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad, identificándose el cobro de hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares”.

Recursos habitacionales

El informe también aplaude las distintas iniciativas por parte de las administraciones, desde la nacional a la regional, pasando por la local. Aunque considera que aún es insuficiente.

En cuanto a los recursos habitacionales, destaca la construcción del albergue de Lepe, gestionado por la Fundación SAMU tras la concesión del Ayuntamiento. Inaugurado el 5 de abril de 2024, cuenta con una capacidad máxima para alojar a 152 personas, distribuidas en 38 habitaciones repartidas en dos plantas. Tiene carácter rotativo y temporal.

También resalta la construcción del albergue en Moguer para temporeros inmigrantes que viven en asentamientos, con una capacidad para acoger a 144 personas, pero que aún no está en funcionamiento; y la construcción de otro albergue en Lucena del Puerto con capacidad para acoger a 36 personas, que tampoco está aún en funcionamiento.