Con apenas un año de vida, un accidente con una botella vació el ojo derecho de Diego López Márquez, que hace dos años vio agravada su situación cuando lo que él califica como “negligencia médica” (que la tiene denunciada en el juzgado) tras una operación en un hombro le dejó imposibilitado su brazo izquierdo. El grave percance del ojo le dejó un 40% de minusvalía, lo que sumado al suceso del brazo le dio un 51% .
Diego confiaba en que la delegación onubense de la ONCE tuviera en cuenta su situación para darle la oportunidad de vender cupones y sacarlo del drama laboral que hace que lleve seis años en el paro. Pero no fue así. Según el testimonio de Diego López en Viva Huelva, en mayo de 2013 pidió trabajo en la ONCE, y en septiembre “me dijeron que me lo denegaban, sin más explicación. Sólo me dijeron que no entraba en el perfil y que de cada cien, 90 entraban”. Ante esto, Diego denuncia la “discriminación” que está sufriendo, y asegura que “hay cuponeros que me han dicho que tienen menos en la vista que yo”.
Asimismo, este ciudadano onubense, que ahora tiene 33 años, describe que en septiembre presentó una queja en la ONCE “y aún estoy esperando la respuesta”. Tras el “palo”, Diego López pidió ayuda en la FSC Inserta, empresa de Recursos Humanos de la Fundación ONCE, especializada en la inserción laboral: “Allí no sólo no me ayudaron, sino que me insultaron”. También pidió el auspicio de Canf Cocemfe Huelva (Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica): “Me dijeron que era absurdo denunciar”. Otro de los organismos a los que recurrió fue a la delegación onubense de Apdha (Asociación Pro Derechos Humanos). En un correo electrónico remitido a este periódico, esta organización le respondió que “actualmente no tenemos abogado con el que poder asesorarte, y viendo que es un tema laboral, ¿por qué no te acercas a un sindicato?”. En última instancia , recurrió al Gabinete de la Presidenta de la Junta de Andalucía: “Lamentamos sinceramente el que se hayan podido producir estos hechos”, le respondió la Junta, al tiempo que explicó que al ser la ONCE una entidad privada “no podemos intervenir”, y le sugirió contactar con el SAE.
Diego López espera asesoramiento jurídico para denunciar su caso en los juzgados.
