El viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias, y el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, han informado este martes sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, una medida que han calificado de "necesaria y que servirá para saldar deudas con las víctimas".

   Por su parte, el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Huelva, Antonio Marín, ha explicado cómo afecta esta medida a la provincia, donde se encuentran 120 de las 620 fosas documentadas en Andalucía "un porcentaje muy alto, incluso cuando desconocemos todas las que existieron", 8.000 personas identificadas como víctimas de esta represión y 26 personas que han recibido indemnizaciones por daños sufridos como consecuencia de la represión franquista.

   Según ha informado la Junta en una nota, Pérez Tapias ha explicado en la presentación, a la que también ha asistido el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Huelva, Antonio Marín, que este anteproyecto responde a una de las medidas recogidas en el acuerdo de gobierno de PSOE e IU, que a partir de ahora permite a la Junta tomar la iniciativa en cuestiones como la exhumación de fosas al pasar los agravios del carácter privado al público.

   El viceconsejero ha asegurado que la Ley de Memoria Democrática es "necesaria, oportuna, acorde con los Derechos Humanos", además de dotar a la Junta de Andalucía de herramientas que permiten "la expropiación temporal del uso de los terrenos en los que haya fosas comunes si su propietario no lo permite, o definir los plazos y sanciones si las instituciones o particulares no cumplen con la futura Ley".

   Por su parte, Fiscal ha incidido en que este actual anteproyecto de Ley permite ampliar el estatus de las víctimas, reconociendo a otros colectivos como los niños robados, y proteger todos aquellos lugares relacionados con la memoria histórica, señalando los espacios que fueron escenario de la represión.

   Fiscal ha puesto esta medida como un nuevo ejemplo de la diferencia entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía "donde se siguen priorizando los asuntos sociales y las medidas que reclama la ciudadanía".

   La Ley de Memoria Democrática será la "más avanzada" de todas las que hay en vigor, superando la Ley de Memoria Histórica Estatal, "salda una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los luchadores por la libertad, por la democracia y con la expresión del pueblo andaluz en su camino a la autonomía plena, y responde al compromiso de la Junta con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación".

   El anteproyecto está avalado por Naciones Unidas, suponiendo un paso "importante" para corregir la "injusticia" con las personas represaliadas durante la dictadura en el que están implicadas siete Consejerías de la Junta en función de sus competencias. Además de la de Administración Local y Relaciones Institucionales han participado la de Justicia e Interior, la de Turismo y Comercio, la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la de Hacienda y Administración Pública, la Educación y Cultura y la de Presidencia.

   Además, esta futura norma tiene como propósito fortalecer los pilares de la democracia para que "no vuelvan a suceder hechos tan trágicos, porque sólo reconociendo la verdad se pueden evitar actitudes del pasado".

   El objeto de la futura Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática de Andalucía, ampliando el horizonte temporal que marcaba la ley estatal. Además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, abarca la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de Andalucía (periodo del 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982).
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