La Junta de Andalucía ha emitido una autorización para que los padres de la menor que vive enfrente del pederasta que abusó de ella en el 2011, cuando tenía 8 años, en la barriada de El Torrejón de Huelva, puedan vender o alquilar su vivienda pese a no haber pasado el plazo de descalificación.
En declaraciones a los periodistas, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, María Villaverde, ha explicado, tras mantener esta mañana un encuentro con los padres, que lo que se ha hecho es "acelerar todos los trámites de la autorización para que la familia pueda, a pesar de tratarse de una vivienda protegida en propiedad, obtener la descalificación para su venta o alquiler".
Villaverde ha precisado que esta es la única actuación que en el marco de sus competencias puede desarrollar la Delegación Territorial que "procura el acceso a la vivienda de personas que no tienen, que no es el caso".
Ha indicado que, en ningún momento, la petición realizada por la familia se formalizó en los términos de poder acceder a otra vivienda mientras vendían la actual, situada en frente de la del agresor de su hija.
"Se les ha informado de que siendo titulares de una vivienda, a pesar de estar en circunstancias penosas, como otros titulares, ya disponen de ella, y que los procedimientos de adjudicación y realojo legalmente establecidos, a los primeros que excluyen es a quienes tiene una vivienda en propiedad".
Dicho esto, la delegada ha querido incidir en que pese a que "el punto de mira se ha puesto en la vivienda, y se han levantado ciertas expectativas", esta historia hay que "focalizarla y ver que estamos hablando de que se está incumpliendo reiteradamente una orden de alejamiento que hace que la protección de una menor sea absolutamente vulnerada".
En este sentido, ha abogado por "analizar dónde fallan estas órdenes para que se incumplan una y otra vez poniendo en riesgo a las víctimas y proteger a las víctimas".
Por ello, considera que hasta que puedan vender o alquilar la vivienda e irse del barrio, algo que no comparte porque entiende "que no es la víctima quien debe cambiar su modus vivendi", la administración competente "tendrá que verificar que se cumplan las medidas de vigilancia", toda vez que "ya hay resoluciones y condenas por incumplimiento, tras las cuales este hombre sigue reiterando su postura".
