La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha presidido por videoconferencia la constitución de la comisión de seguimiento de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, recogidas en el Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, que permitirán asegurar la mano de obra suficiente para la recolección de las campañas en las explotaciones agrarias mediante la contratación de desempleados provenientes de otros sectores que actualmente está cobrando una prestación.

Se trata de unas medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias "para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma", según ha informado la Subdelegación en una nota de prensa.

En esta comisión, que se reunirá de forma periódica, y que ha tenido carácter provincial, han participado el jefe de la dependencia de Trabajo de la Subdelegación, Antonio Alvarado; por parte de la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Empleo Formación, Trabajo Autónomo, Conocimiento Empresas y Universidad de Huelva, Antonio Agustín; el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos; el secretario provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Ricardo Panzuela Santiago.

Además, el coronel jefe de la Guardia Civil, Andrés López; el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Huelva, Eduardo Sánchez; organizaciones agrarias, ASAJA-Huelva, Freshuelva, UPA, ACPH, COAG; así como representantes sindicales de UGT y CCOO.

Por su parte, la Guardia Civil llevará a cabo la labor de apoyo y control de la movilidad de los trabajadores que se trasladen de municipio.

El objetivo principal de esta primera reunión ha sido la programación de protocolos para establecer un seguimiento de la evolución de empleo generado y de las medidas a adoptar para asegurar la mano de obra suficiente para la recolección de la próxima campaña con la contratación de desempleados provenientes de otros sectores; así como mejorar las condiciones sociolaborales de la población, el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite, una actividad sostenible agraria, y a la vez la garantía última del normal aprovisionamiento de los mercados.

Según ha destacado la Subdelegada, "se trata de una distribución de manera que se garantice la mano de obra de cara a la próxima campaña y, a la vez conseguir la activación del empleo entre personas de otros sectores en situación de desempleo debido a la crisis originada por la pandemia".

Entre los temas tratados se ha hecho un análisis de la situación, del objetivo de las medidas, el impacto de la economía y el mercado, algunos aspectos de la norma, la libre circulación en el informe de la Comisión del 30 de marzo de 2020 y la coordinación de las actuaciones.

También se ha expuesto el desarrollo de las primeras actuaciones en las que los empresarios agrícolas deben hacer una oferta de empleo adecuada a sus necesidades al SAE para que este organismo pueda seleccionar el perfil determinado.

Así, pueden ser beneficiarias de las medidas de flexibilización temporal a las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTES con causa del Covid-19.

En cuanto a las personas beneficiarias, también se encuentran los trabajadores migrantes cuyo permiso concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto, y el 30 de junio de 2020, Asimismo podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular entre los 18 y 21 años.

La finalidad es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporeras en el campo onubense, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del Covid-19. Las medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral

Manuela Parralo ha pedido "la implicación" de todas las administraciones para este sector indispensable para todos los onubenses, al tiempo que ha querido expresar el compromiso del Gobierno que hace días solicitó a la Unión Europea una flexibilización de los reglamentos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), así como la aplicación de las medidas de regulación de mercado como el almacenamiento privado o ayudas específicas para apoyar a algunos de los subsectores agrarios más afectados por la crisis y que es la base para un aseguramiento alimentario de todos.