El Ministerio Fiscal, las defensas y la acusación particular han llegado a un acuerdo de conformidad por el caso del expolio ocurrido en enero de 2016 tras unos movimientos de tierras en el yacimiento arqueológico de La Orden-El Seminario, --registrado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007--. Así, las dos empresas implicadas deberán indemnizar de manera conjunta y subsidiariamente a la Junta con 95.890 euros.

De este modo, según recoge el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía interesa el dictado de una sentencia de conformidad tras el acuerdo con las defensas y la acusación particular, de manera que la sentencia recogerá los términos, pena e indemnizaciones establecidas en el mismo. Por su parte, los cuatro acusados han reconocidos los hechos, evitando así la celebración de un juicio previsto para tres días.

Así, se remarca que los hechos son constitutivos de un delito de daños-expolio contra el patrimonio histórico cometido por imprudencia grave del artículo 324 del Código Penal.

De este modo, para cada uno de los cuatro acusados establecen que procede imponer la pena de multa de 12 meses con ocho euros de cuota, así como en concepto de responsabilidad civil las dos empresas implicadas deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 95.893 euros.

Dicha actuación en la zona fue realizada por una empresa a su vez contratada por la UTE que acometía las obras de la nueva estación ferroviaria y que por ello necesitaba aporte de tierras-áridos. Así, los movimientos se realizaron sin la licencia previa y preceptiva de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Huelva.

Así las cosas, se recoge que el expolio del yacimiento afectó a cuatro parcelas de 11.489 metros cuadrados. No obstante, destaca la parcela 8.1, donde se ubicaban al menos 285 estructuras arqueológicas de las denominadas huellas de cultivo, con una cronología entre la transición de los siglos IX-VIII a.C. y el siglo III a.C. El 85 por ciento de estas estructuras, al menos (243), fueron destruidas durante el expolio antes descrito. Esta parcela tiene una superficie total de 1.574,58 m2, de los que sólo quedaron sin afectar unos 250 m2 y el rebaje medio de la cota de la parcela alcanzó los 4 metros.

Por su parte, la valoración del daño del patrimonio arqueológico se realiza en relación a la funcionalidad del yacimiento como "contenedor de información histórica única e irreemplazable, de especial utilidad para la reconstrucción científica de los procesos históricos ocurridos durante el pasado más o menos remoto". Y se refiere a una superficie afectada de la parcela 8.1 en la que se ha producido "la pérdida de información arqueológica como consecuencia de la manipulación indiscriminada del registro arqueológico con medios mecánicos con la finalidad de extraer la tierra existente, que se ha llevado, a la vez, la totalidad de materiales y estructuras que se encontraban en ella".

La valoración se ha llevado a cabo por extrapolación de los resultados arqueológicos obtenidos en los terrenos colindantes, parcelas y viales próximos a la parcela 8.1. En todo caso el movimiento de tierras con maquinaria ha supuesto "la pérdida de información histórica en la parcela 8.1 que nunca había sido objeto de intervención arqueológica y que por su mayor cota podría corresponder con zonas de ocupación intensa que aportarían por ello datos de valor".

Los daños causados al patrimonio histórico onubense según último informe pericial aportado por la Junta de Andalucía en diciembre 2020 ascienden a un total de 95.893,50 euros, cifra que dista mucho de la petición que hizo en su momento la Fiscalía de 867.000 euros, en base a la pericial que ha llevado a cabo un arqueólogo de la Universidad de Huelva (UHU).

Cabe recordar que este expolio fue denunciado por el arqueólogo Diego González y, según un informe realizado por la Junta de Andalucía, en parte de este yacimiento se llevaron a cabo importantes movimientos de tierras --con rebaja del terreno de hasta cinco metros-- en las cuatro parcelas, en las que se apreciaron estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras.