Fernández Palomino sospecha del retraso del pliego de basura

Publicado: 10/11/2013
Apunta a la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien gestione el servicio de recogida
El PSOE de Jaén califica de vergonzosa y de mercadeo la política de privatizaciones exprés y clientelismo hacia las grandes empresas que el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, practica “en nombre de todos los jienenses desde el Ayuntamiento”, pues lleva dos años y 19 millones pagados para renovar el contrato del servicio de basura y ha  sido capaz de redactar en 15 días un pliego de condiciones para vender por 14 millones de euros y sin posibilidad de reversión pública los aparcamientos de San Francisco, La Victoria y La Alameda.


El secretario general del PSOE local, Manuel Fernández Palomino, considera que mientras tanto es incapaz de sacar adelante la renovación del contrato más importante que tiene el Consistorio con una empresa, el del servicio de basura, que por sus dos años de prórroga ha costado ya a los jiennenses 19 millones de euros.


En este sentido, apunta a que FCC realiza donaciones al PP y considera que el retraso es “realmente sospechoso”, pues cada día que pasa con el anterior acuerdo sin firmar un nuevo pliego “se entregan a la empresa 18.000 euros, lo que supone hablar de un regalo de medio millón de euros al mes a FCC, un cheque sin fondo que desde hace casi dos años pagan todos los jiennenses”.
Manuel Fernández Palomino cree que el alcalde ha abierto “de par en par las puertas del Ayuntamiento al negocio con las empresas”, y recuerda que, de los doce millones de euros que el Consejo Económico y Social fija como cifra deseable para pagar por el servicio de recogida de basura, el Ayuntamiento ha pasado en los dos años de gobierno del PP a entregar “un sobrecoste de más de siete millones a FCC”.


El PSOE apuesta por plantear una buena organización del servicio y el ajuste de costes de una concesión que se fue hinchando como consecuencia de las decenas de modificaciones de contratos que el PP hizo desde mediados de la década de los 90. Además apunta a la posibilidad de que  el propio Ayuntamiento asumiese la prestación y el control del servicio.

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