Ha pasado año y medio, pero la imagen del violento desalojo de Caulina sigue coleando por los informativos nacionales cada vez que se alerta del drama de los desahucios y, por supuesto, permanece en la retina de todos los que fueron testigos de esta mañana tan complicada. El Juzgado de Instrucción número 4 lleva el caso en el que están imputados por un delito de desorden público 12 personas, todas ellas jóvenes integrantes del movimiento15-M, a excepción del sobrino del propietario desahuciado. Todos acabaron detenidos tras una concentración pacífica a las puertas de la casa para protestar por la orden de desalojo de una familia.
En estos momentos, tras haber tomado declaraciones y haber aportado partes de lesiones para las pruebas forenses que acreditan las “contusiones” y “arañazos”   que sufrieron los jóvenes por la carga policial, la juez y los tres abogados que llevan el caso, que han interpuesto 15 denuncias contra los antidisturbios, están visionando los videos de los hechos. Se trata de un momento crucial del proceso puesto que tratan de identificar a los agentes que participaron en una intervención que consideran “desproporcionada” por parte de al menos una treintena de efectivos para su posterior imputación en delitos de lesiones. 
Como indica una de las letradas, Ángeles Gómez, aunque tienen localizadas los dos momentos de estas cargas, esta labor es complicada puesto que en la segunda de ellas, “la más agresiva”, los agentes de la Policía Nacional de Jerez y de Sevilla llevaban el casco, con lo que resulta imposible ver el rostro, a diferencia de la primera de las cargas, donde llevaban solo gorra. Esta situación obligará a la juez a requerir a la Policía su colaboración para identificar a los funcionarios, por lo que el siguiente paso ahora es remitir los videos tanto a la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez como la de Sevilla.
Al margen de las estrategias que puedan darse en este sentido por parte de las fuerzas de seguridad, la letrada tiene claro que sendas comisarías “tienen que colaborar porque lo pide la juez, que está por la labor de enviar estos videos”, añade. Una vez identificados para su imputación, les tomarán declaración, por lo que al proceso le quedan todavía numerosos trámites antes de llegar a juicio, la meta que se han marcado los denunciantes. No hay que olvidar que los juristas integrados en el Grupo 17 de Marzo también se han personado como causa popular. “Queremos que los policías se vean en un juicio y que vean también que su conducta se puede poner en duda e incluso condenar, que sufran esa sensación  y que se pongan delante de un juez y cuenten lo que hicieron porque aunque sean policías los ciudadanos tienen derecho a cuestionar y denunciar su labor delante de un magistrado”, manifiesta.