Los dos miembros de la agrupación local del PSOE suspendidos de militancia han decidido recurrir ante la Comisión de Ética, al considerar que la privación de sus derechos como militantes debe revestir un mínimo de garantías del que a su juicio “carece este procedimiento”.
Según plantean en su recurso Manuel Romero y José Abeledo, “la presunta comisión de faltas muy graves” recogidas en la resolución de suspensión cautelar “no aparece acreditada ni motivada”, lo que supone “clara indefensión”, al no acreditarse “la presunta difusión pública del informe de estado de cuentas de la agrupación” que justificó la medida.
Al mismo tiempo, recuerdan que el contenido del informe elaborado en relación con el ámbito competencial y temporal en el que se producen es necesario para conocer la gestión económica del partido.
Se advierte además de que entre las garantías de que debe revestirse un procedimiento de estas características se encuentran “el derecho a ser informado de la acusación, esto es, el derecho a conocer la imputación concreta que se formula contra el expedientado o la norma estatutaria contravenida”.
Además, “el valor nuclear que tienen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico limita el poder sancionador de los partidos políticos porque ha de relacionarse con la exigencia constitucional de que los partidos políticos se doten de organización y funcionamiento democráticos, de forma que a la dimensión de protección de un interés individual se superpone la protección del pluralismo político propio del Estado democrático”.
Todo ello supone, a juicio de Romero y Abeledo, “una clara vulneración de varios principios constitucionales, como el elemental derecho de defensa que conculca la presunción de inocencia”.
Pero sin duda, “lo más llamativo de este procedimiento sancionador iniciado por la ejecutiva local socialista es de carácter político”. “En unos tiempos en los que la calle pide a los partidos políticos ser ejemplos en el gasto, en la correcta gestión económica y en la transparencia y en el control de los fondos de carácter público, la dirección local del PSOE prefiere ir con el paso cambiado y decide sancionar a los que piden transparencia económica y la persecución del derroche económico”, concluye el comunicado remitido por los militantes expedientados.
