El agravamiento de la crisis generalizada que arrancó a mediados de 2008 y las sucesivas políticas de austeridad, que se han venido promoviendo y endureciendo desde el Gobierno central en los últimos dos años, han provocado una preocupante situación de alarma socioeconómica en nuestra ciudad.
No es únicamente que la ciudad tenga 34.973 desempleados y desempleadas, lo que han convertido Jerez en el municipio de gran población con mayor tasa de paro de España, según el Anuario Económico 2013 de la Caixa, sino que más del 50% de estas personas que demandan empleo y no logran tener acceso a un puesto de trabajo son parados de larga duración (más de tres años en esta situación), sin ningún tipo de ingreso y que, en muchos casos, pertenecen a unidades familiares en las que todos sus miembros están en esta desgraciada situación.
Ante nuevas situaciones, nuevas soluciones. Esta afirmación nos exige no quedarnos impasibles como Administración Pública ante la nueva realidad social y nuevos retos que nos plantea la difícil y “cruda” realidad de miles de jerezanos y jerezanas. Por ello, los poderes públicos estamos obligados a implementar nuevas medidas o, en su caso, modificar aquellas que aun siendo efectivas, necesitan ser renovadas ante la situación social. De este modo, facilitaremos el acceso a los recursos de un mayor número de personas que están siendo fuertemente castigadas por esta crisis socioeconómica, producida por los más poderosos y apoyadas ideológicamente en el universo neoliberal.
Según los últimos datos de los que disponemos, la población en situación de “pobreza severa” ha aumentado hasta llegar al 6,4% de la población española. Tres millones de personas se encuentran actualmente en estas circunstancias. Paradójicamente, también han aumentado los nuevos ricos en un 13%. Concretamente en Jerez, el umbral de la pobreza se ha situado en el 30% de la población, lo que supone que 60.000 jerezanos y jerezanas tienen dificultades para satisfacer sus necesidades más “básicas”.
Si bien es cierto que la actual situación de “extrema gravedad” exige de un “Plan de Integración Social”, diseñado desde la metodología Investigación-Acción-Participación (IAP), con intervención de todos los agentes sociales y económicos, sustentada sobre la realidad de nuestros barrios y sus gentes, no lo es menos que la actual situación también requiere que se tomen medidas “paliativas”y “asistenciales” que atenúen el impacto de la crisis en las familias jerezanas.
Tal como recoge la Constitución, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a satisfacer sus necesidades más básicas. Para ello, los poderes públicos deben arbitrar e implementar medidas que permitan acceder a los bienes y recursos. Por todos y todas es conocido, que entre los “bienes básicos” se encuentran el agua y la electricidad, sin los cuales es prácticamente imposible sobrevivir en nuestros días.
Una de las medidas más eficaces, como se ha demostrado desde su aprobación en el año 2009, es la “bonificación del 90% de la tasa de agua”. Una vez comprobada la secuencia histórica de las familias necesitadas que se han beneficiado de ella, “urge” revisar los indicadores que permiten beneficiarse de esta importante medida. Por ello, entendemos, como quedó patente en el último plenario del Consejo Local de Bienestar Social, deben tomarse medidas correctoras para que se incremente el número de familias beneficiarias.
Al mismo tiempo, tal como recogen informes recientes, la “pobreza energética”, tal como se ha dado en llamar a la dificultad que tienen las familias para poder afrontar el pago de la electricidad, está en torno al 18% de la población. Sin embargo, como sabemos, el Gobierno central en vez de buscar soluciones, ha subido la tarifa eléctrica para el año 2014 un 2,3%, muy por encima de subida de sueldos y pensiones. Se da, además, la circunstancia de que, precisamente en el país donde la tasa de desempleo es más alta, es donde sale más caro un bien tan básico como la “electricidad”. En el año 2012, según la memoria de las compañías eléctricas, se cortó la luz por falta de pago a 1,2 millones de familias españolas.
En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular sigue oponiéndose a implementar medidas que garanticen que ninguna familia pueda pasar por el desagradable trance de ver como ella y sus hijos son excluidos de disfrutar de los bienes y servicios a los que todos y todas tenemos derecho.
Si las grandes corporaciones eléctricas son receptoras de importantes beneficios, no entendemos por qué el Gobierno central no quiere negociar con ellas y aplicar partes de esas ganancias en solidarizarse en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, con las familias que en estos momentos no pueden pagar la “luz”. Ya se lo dijo en el último pleno el representante de parados de la zona noroeste, declarando que son muchas familias jerezanas las que pasan un verdadero calvario para hacer frente al pago de la luz y este gobierno municipal no puede ser “insensible” a esta realidad.
Como bien sabemos, los jerezanos y jerezanas están pasando también muchas necesidades alimenticias, no pudiendo satisfacer tampoco sus compromisos de pagos, lo que está provocando una situación social cada vez más complicada, con entidades sociales que han llegado al “limite” de sus posibilidades y con unos servicios sociales municipales, que son “incapaces” de solventar la avalancha de peticiones de ayudas, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, llegan incluso a demorarse hasta 9 meses.
Es necesario articular cuantos recursos y herramientas estén en nuestra mano dentro del ámbito municipal, para atenuar de algún modo las dificultades que las familias jerezanas están atravesando.Es por lo que proponemos al pleno municipal que apruebe un paquete de medidas que “amortigüe” el impacto negativo que está produciendo la crisis y los recortes sociales. Creemos que las medidas que realizamos a continuación, son perfectamente asumibles por el Gobierno municipal y van a garantizar unos mínimos de calidad de vida a los jerezanos y jerezanas más desfavorecidos y que peor lo están pasando en este túnel del que nunca parece que vayamos a salir y vislumbrar una luz que indique su salida.
Por todo ello, los grupos municipales de la oposición Grupo Socialista, Foro Ciudadano e Izquierda Unida presentamos para su aprobación al pleno la siguiente Proposición, en la que se solicita que se apruebe un Plan de Emergencia contra la Exclusión Social, que abarcaría los siguientes acuerdos:
1.-Revisar los actuales indicadores de concesión de la “bonificación del 90 % de la tasa de agua” para familias necesitadas.
a) Modificar el actual indicador máximo de ingresos del IPREM (Índice de Precios de Referencias Múltiples), actualmente en 532,51 € mensuales por el SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional), fijado para el año 2014 en 645,30 €.
b) Ampliar el límite de consumo de agua, actualmente establecido en 4 metros cúbicos.
c) Asegurar a través de la empresa concesionaria de agua que ningún jerezano y jerezana se va a ver privado de este bien esencial por falta de pago, utilizando para ello formulas de fraccionamiento de la deuda.
2.- Garantizar que ninguna familia jerezana se queda sin electricidad por falta de pago:
a) Instar al Gobierno central a buscar formulas para que se “paralicen” los cortes de luz a familias con escasos recursos económicos.
b) Dotar presupuestariamente a la Delegación de Bienestar Social y Salud de una partida con recursos suficientes, para que ninguna familia jerezana se vea privada de un servicio básico como la “electricidad”.
3.-Compromiso del Gobierno municipal de abonar mensualmente las ayudas económicas. En caso de no producirse, esta cantidad se sumaría al pago del mes siguiente.
4.-Bonificación del 90% de la tasa de Impuesto Bienes Inmuebles a aquellas familias que no puede hacer frente al pago de recibos en casos de viviendas públicas, sociales, o que hayan evitado desahucios mediante la dación en pago.
5.-Negociación entre Ayuntamiento y entidades financieras para que den salida a parte de su stock inmobiliario promoviendo alquileres sociales para personas en situación vulnerable. El gobierno local enterró el Plan Local de Vivienda 2008-2018 sin tener un ‘plan b’ ni aclarar cuál es su política de vivienda pública para atender a un registro de demandantes que ronda los 4.000 jerezanos y jerezanas. Por no hablar de la cantidad de familias desahuciadas o sobre las que pesa el riesgo de desahucio y que no encuentran respuestas en su administración pública más próxima y cercana.
6.-Creación del bono bus solidario para personas desempleadas, facilitando así los desplazamientos de los jerezanos y jerezanas que atraviesan mayores dificultades económicas.
7.- Ampliar los recursos humanos y económicos de la Delegación de Bienestar Social y Salud, para que puedan atender con “solvencia” a las miles de familias que están solicitando ayuda, y al mismo tiempo se reduzcan las listas de espera.
