Centenares de ciudadanos de Jerez y de la provincia se sumaron ayer al mediodía pese a la lluvia a las protestas que vienen protagonizando desde hace semanas los colectivos de mujeres en el país para exigir al Ejecutivo la retirada del anteproyecto de ley del aborto aprobado por el PP en solitario a finales de diciembre. Unas protestas que han cruzado las fronteras españolas y han desembarcado en ciudades europeas como Roma, París o Londres y que ayer llegaron a la Plaza del Banco. De nuevo, los asistentes, entre los que había hombres, mujeres y familias al completo, hicieron suyo el que ya se ha convertido en su grito de guerra contra esta reforma: “Nosotras parimos, nosotras decidimos” en una convocatoria que contó con el respaldo de sindicatos, partidos políticos, colectivos vecinales, sociales y espontáneos. Tras la lectura de un manifiesto de Josefa Parra, los asistentes se dirigieron en manifestación improvisada hacia la Plaza del Arenal para reivindicar los derechos de la mujer.
La concentración transcurrió simultáneamente en numerosas ciudades andaluzas bajo el lema “Derecho a decidir contra la Reforma de la Ley del Aborto”. Según indican los organizadores, la reforma de la ley del aborto supone un “retroceso de décadas” en el respeto a los derechos de las mujeres y de los ciudadanos en general. Retroceso que no tiene ninguna justificación ya que pretende modificar una ley, la actual de plazos, que ha contado con amplísimo consenso social, el 80 por ciento de la población considera innecesaria cambiarla y es la que rige en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por tanto, continúa el comunicado, la reforma que se pretende “sólo se sustenta en posiciones ideológicas y pretendiendo imponer a la totalidad de las mujeres posiciones confesionales a costa de su derecho a decidir como personas y ciudadanas libres”.
más desigualdades
Este anteproyecto, no disminuirá los abortos sino que supondrá, como señala la Organización Mundial de la Salud, poner en peligro la vida de todas aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo y deban hacerlo sin las mínimas garantías sanitarias. Asimismo, alertan de que con la limitación del derecho se aumentará, aun más, la desigualdad entre aquellas que cuenten con recursos suficientes y las que no los tengan, las que puedan viajar al extranjero para abortar o las que por su status social lo puedan hacer camufladas en la hipocresía de determinadas empresas sanitarias privadas.
