La Asociación Unificada de Guardias Civiles(AUGC), a través de sus servicios jurídicos, ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dicte sentencia que declara la nulidad de la Orden General, número 1, de 10 de febrero de 2004, sobre regulación del sistema de Formación Continua en el Cuerpo de la Guardia Civil. Esta orden fue dictada por el director general de la Guardia Civil. Ahora, el TSJM, en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2008, notificada el pasado día 22 de abril de 2009, determina, siguiendo los argumentos de AUGC, que “el director general carecía de competencias para regular esta materia”.

La sentencia, “en un pronunciamiento sin precedentes, por la contundencia y rotundidad con la que se manifiesta”,  determina que “el cometido del director general de la Guardia Civil en esta materia “no pasa de ser - según su regulación - un mero asesoramiento, colaboración, planeamiento y dirección, en el marco de la política de enseñanza diseñado previamente por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Defensa de forma conjunta”.

Añade además que “esta competencia corresponde a dichos Ministerios de forma conjunta, y no al director general, que aunque ostenta facultades de autoorganización para dirigir la prestación del servicio de este Cuerpo, requiere una previa cobertura de normas ministeriales que no se observan  en este caso, ni se invocan por la administración, pues solo constan informes de las Subdirecciones generales de Apoyo, de Personal y de Operaciones del Estado Mayor”.

Por  todo ello, se ha de considerar “su incompetencias material para dictarla, y por tanto la nulidad de la misma según el artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 97 de la Constitución Española, que instituye al Gobierno como director último de la administración civil y militar”.

Siguen las resistencias
Por otra parte, la sentencia ha sido conocida en un momento especialmente complejo, por cuanto, “siguen existiendo resistencias internas para la puesta en marcha y plena consolidación de los derechos fundamentales y libertades públicas de los guardias civiles y en los albores de la tramitación de lo que pudiera constituir el nuevo marco regulador de la carrera profesional de los miembros de la Guardia Civil”.