La polémica por la solicitud de una auditoría externa al Ayuntamiento por parte del grupo municipal socialista continúa tras aprobarse dicha medida en la sesión plenaria del pasado martes, además de haberse incluido una nueva solicitud del Partido Popular exigiendo que la misma contemple los últimos cinco años. En este sentido, el equipo de Gobierno y la oposición tienen posturas muy dispares.
Partido Popular
El concejal del Partido Popular, José Antonio Cabrera, considera que el PSOE pidió la auditoría “porque no se cree el informe y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero no se decía cuanto tiempo debía abarcar, teniendo en cuenta que ellos han gobernado desde el año 2003 y debía contemplarse ese tiempo porque si no, podría afectar sólo desde 2007 y en 2008 ya estaba la edil Rosa Macías y su año de responsabilidad como concejal no es extrapolable a nada. Se trata de una maniobra para contrarrestar el informe económico porque sabe que el resultado de la auditoría tardará años en salir”.
PSOE
Por su parte, el portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló ayer que “el PSOE fue el que tomó la iniciativa para acabar con las confusiones que está presentando el alcalde, Fernando Palma, a la población y para denunciar las mentiras que contiene el informe económico, que no está firmado por ningún técnico porque los datos de la deuda son mentira”.
“Además, dicho informe incluye deudas futuras y la única intención es justificar las medidas del PP que aplica en todos los municipios donde gobierna que son la de despedir a trabajadores, subir los impuestos y reducir las políticas sociales”, apuntó Ruiz Boix, quien cree que “la moción del PP es ilegal, ya que deberían haberla presentando en otro Pleno, una vez registrada. No me importa que la auditoría se haga cinco años atrás porque si de ella pudiese salir algo negativo a nosotros, no la hubiésemos propuesto”.
PIVG
Por otro lado, el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) y concejal de Economía y Hacienda, Jesús Mayoral, explicó que “los técnicos han puesto encima de la mesa la deuda municipal. La deuda se genera porque hay una déficit de los gastos fijos que superan mensualmente en un millón y medio de euros a los ingresos y hay que eliminar esos gastos. Anualmente hay 46 millones de euros de ingresos fijos y 57 millones de gastos y solo las nominas y gastos fijos del Ayuntamiento ascienden a 42 millones”, dijo Mayoral.
“Cuando se hicieron los presupuestos los ingresos se hacen ficticios y desde el año 2003 al 2008 hay un total de 60 trabajadores contratados irregularmente que han entrado por la puerta de atrás y eso queremos que se vea en la auditoría, además del destino de la venta de patrimonio y de las subvenciones que se ha gastado en nóminas y pagos corrientes”, señaló el portavoz del PIVG.
Según comentó Mayoral “el PSOE no esperaba que la reacción del equipo de Gobierno fuese presentar una segunda moción. Era una jugada del grupo municipal socialista porque piensan que no tienen nada que perder ya que el 80% de las competencias del Ayuntamiento son del alcalde y en ese momento era José Vázquez, y ya ha fallecido, aunque esta moción a quien afecta es a ellos que son los que han estado gobernando en los últimos años”.
No obstante, respecto a la auditoría por parte de la Cámara de Cuentas, el edil señaló que “las administraciones se ayudan unas a otras cuando son del mismo signo y pueden manejar los tiempos y esto prescribe al tiempo”.
Partido Andalucista
Por otro lado, el portavoz del Partido Andalucista, Manuel Melero, explicó que el voto a favor de la auditoría externa “no podía haber sido de otra forma” porque entiende que “haya que fiscalizar al Ayuntamiento y cualquier otra gestión del control y cuentas públicas votaríamos siempre a favor. El que se haya solicitado la auditoría contemplando cinco años atrás es porque la custodia de los documentos públicos es mínimo por este periodo y en la moción del PSOE faltaba el número de años y por eso el equipo de Gobierno presentó una nueva”.
Además, el portavoz del PA considera que la deuda municipal que estima el informe técnico “viene alabada por la firma del secretario general y eso nos parece suficiente garantía. Desde que entré como concejal no he formado parte ni de la junta local de Gobierno ni de la mesa de contratación ni de la Gerencia de Urbanismo. Cada uno que asuma su responsabilidad”. Melero cree que la auditoría no perjudicará al PSOE “porque son ellos quienes presentaron la moción”.
Unidad por San Roque
Este diario intentó ponerse en contacto con el portavoz de Unidad por San Roque, José Antonio Ledesma, pero no quiso contestar a las llamadas.
Valoración
Por otro lado, el grupo municipal socialista criticó ayer el “oscurantismo en la gestión del alcalde, Fernando Palma, en los años 2000 al 2003, ya que se niega a entregarnos la documentación que acredite que los ingresos efectuados en la supuesta Caja B, por importe supuesto de más de 55.000 Euros, se han ingresado en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, aportando los documentos bancarios de ingresos. Una molestia para agentes de la Policía Local que están llamados a declarar hoy ante la Fiscalía de Algeciras”.
Además, el PSOE local califica la actitud del primer edil como una “nueva falta de respeto a la legislación y una prueba más de la falta de transparencia en la gestión que deberá corregir sino quiere ser sancionado por los tribunales por obstruir la gestión de los concejales socialistas”.
Por otra parte, el grupo municipal socialista denuncia la “promoción a dedo de un empleado de la empresa Emadesa, sobrino del alcalde, que pasa de mantenedor de campos de fútbol a coordinador de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sin realizar ningún proceso de selección y ascendiendo de categoría, sin participación del resto de empleados de Emadesa”.
