Combatir el desempleo desde la formación es uno de los objetivos de su Delegación de cara a este 2018 en el que pretende poner en marcha la nueva red de centros formativos impulsada con fondos ITI y prediseñada con los sectores estratégicos de la provincia, los que saben qué clase de empleados van a necesitar

2017 acaba con 157.000 desempleados, que mejora los datos de 2016, pero sigue siendo alta. Crecemos pero nuestra economía sigue siendo muy dependiente, ¿usted cómo lo ve?

—Seguimos con datos elevados de paro, es indudable, pero Andalucía lidera el descenso del paro a nivel nacional, y Cádiz lo lidera como provincia en Andalucía. Estamos creando empleo, elevando la contratación y altas en Seguridad Social. Hay un 27% de desempleo en nuestra provincia, que son cifras de casi el principio de la crisis. Y eso responde a las políticas activas de empleo que estamos llevando a cabo desde la Junta con nuestros planes territoriales de empleo y con la inversión de los fondos ITI. Todo esto pese a la reforma laboral aprobada por el Gobierno que es causante de la precariedad laboral que se denuncia. Estamos en la senda y trabajando bien para recuperar el empleo perdido y seguir recuperando.

Dice que estamos cerca de esa tasa del año inicial de la crisis, ¿cree que 2018 puede ser ese año?

—Todavía nos queda un largo recorrido, ya que en 2007 estábamos con un 17% de tasa de paro, pero hemos llegado al 43% de desempleo, con lo cual estamos en la senda.

Después de años se recupera por fin la formación. ¿Cómo se va a poner en marcha y quiénes se beneficiarán de estas medidas?

—Llevamos cinco años sin formación por motivos que responden a intereses políticos. Una vez archivadas las causas volvemos con convocatoria para formación para el empleo con más de 12 millones de euros: 259 cursos para formación para el empleo en toda la provincia. Y a ello hemos sumado una convocatoria por 8,3 millones de euros para el desarrollo de escuelas taller y talleres de empleo de los que se han adjudicado 4,3. El problema es que la formación se rige hoy día por una ley estatal que es la Ley 30/2015 que tiene muchas deficiencias, ya que no da respuesta a los sectores productivos ni permite formar a los desempleados en las tareas para las que hay salidas laborales. Y eso afecta al por qué solo hemos podido adjudicar 4,3 millones de los 8,3 previstos, que se concretan en 9 proyectos de talleres de empleo y 7 de escuelas taller; entre otras cosas  porque las entidades que solicitaban los proyectos no cumplían con los requisitos marcados por la ley, porque además esta convocatoria se ha cerrado a los agentes sociales, y porque la ley priva a las entidades solicitantes a impartir formación de una especialidad que no sea competencia propia. No conozco a ningún ayuntamiento que se dedique a construir barcos, aviones o que tenga una bodega o una refinería, con lo cual las especialidades que se están impartiendo no se corresponden con las necesidades formativas que demandan los sectores productivos. Finalmente unas 250 personas van a ser seleccionadas para participar en algunos de esos 16 proyectos formativos adjudicados, que serán preseleccionados por el SAE y después pasarán por una comisión en la que ya toma parte la entidad convocante.

La oposición ha criticado que después de tantos años sin formación, se hayan quedado sin adjudicar cuatro millones y solo se beneficie a esas 250 personas.

—Eso era algo que no ocurría cuando la Junta de Andalucía se encargaba de la formación. Por lo tanto, algo de deficiencia tiene la ley 30/2015 que no somos capaces de agotar el presupuesto. Basta con ver los requisitos que exige esta nueva ley y que además afectan directamente a los pequeños municipios, ya que tienen las instalaciones que tienen y los requisitos de homologación no se corresponden con sus disponibilidades. Eso ha significado que muchos ayuntamientos no solicitaran estos programas formativos. Pero es que la oposición ha criticado, por ejemplo, que se haya privado a La Línea de estos programas cuando ni siquiera lo han solicitado. Yo les invito a que conozcan en qué trabajamos, qué deficiencias tiene la ley y por qué no hemos podido adjudicar más proyectos. 

Ha explicado que muchos municipios se han quedado fuera de los proyectos de formación por falta de equipamientos homologados, ¿tal vez ha habido falta de previsión por parte de esas entidades?

—Desde que se publica la convocatoria tuvieron cuatro meses para poder homologar. Hicimos un trabajo titánico desde la Junta para asesorar a todas las entidades en homologaciones. El de Cádiz homologó dos días antes del plazo final. Todo el que hizo ese trabajo tiene su proyecto de formación. Son requisitos complicados pero no imposibles; otra cosa es que la formación que se imparta se corresponda con las necesidades reales de los desempleados de cara a conseguir empleo. Esa es mi reivindicación para que esa ley se modifique.

Al margen de esa ley, ¿qué hace la Junta o puede hacerse para que la formación llegue a más parados?

—La Junta a través de la ITI estamos llevando a cabo un proyecto de red de centros de formación para toda la provincia para poner centros de formación en función del nivel de contratación del sector. Por ejemplo, en Ubrique habrá uno dedicado a la marroquinería; en Jerez uno para turismo y agroindustria; en San Fernando del sector naval y aeronáutico; en la Sierra para el turismo de interior...

¿Y todo eso para cuándo?

—Estamos terminando de redactar el convenio de cesión, ya que los ayuntamientos deben ceder los espacios para impartir la formación. Una vez cedido, sacamos una licitación para que una empresa gestione ese centro durante dos años en las especialidades que hemos concretado con los 13 grandes sectores productivos de la provincia y que generan empleo, ya que han sido las propias empresas las que nos han dicho las necesidades formativas en función del catálogo de especialidades para que ellos puedan contratar después. Tenemos un presupuesto de 10 millones para equipar las instalaciones y 12 millones para impartir la formación. De verdad formaremos para que las personas encuentren un empleo. Asimismo seguirán en marcha las convocatorias ordinarias de formación cada año.

¿Cuándo podrá estar toda esa gente formada gracias a esos programas de formación?

—El objetivo es que este año empiece a impartirse la formación en muchos centros, pero toda la red debe estar en el primer semestre del año próximo.

¿Y cuánta gente se va a ver beneficiada, aunque el cálculo sea a la baja?

—Por poner un ejemplo, el Centro de Técnicas Industriales de San Fernando contempla 60 cabinas lo que podría permitir en doble turno contar con 120 personas formándose. En total, en el conjunto de centro, estaríamos hablando de casi un millar de personas.  

Hay críticas a la lentitud de la ITI, ¿por qué los ciudadanos deben confiar en que esta vez sí este plan va a funcionar?

—Porque en esta ocasión las inversiones las han decidido las empresas, a través de mesas sectoriales en las que nos han dicho en qué invertir y qué proyectos hay que respaldar para forjar un nuevo modelo productivo que nos ayude a abandonar ese ranking del desempleo.

¿Qué proyectos de la ITI van a ser fundamentales para alcanzar ese nuevo modelo productivo al que aspira la provincia?

—Si hablo de algún proyecto estrella, no estaríamos entendiendo la ITI. Nos hemos fijado ejes prioritarios, caso del dedicado a la industria y la innovación, y dentro de cada uno se ubican determinados proyectos, que responden a lo que nos piden las empresas y porque sabemos que van a significar carga de trabajo.

¿Qué empleo se está creando y cómo se combate la precariedad?

—El turismo es el sector que más contratos está firmando, pero la evolución del sector industrial es también más positiva y es el sector en el que hay contratos con más calidad, ya que el 95% de las plantillas son indefinidas. Es el empleo por el que estamos apostando, de ahí que nos hayamos reunido con los sectores que más empleo generan en la provincia para invertir en ellos.

Pero aunque crezca el empleo, hay mucho empleo precario...

—La precariedad, después de la reforma laboral, es una lucha de la Junta, que solo tiene competencia ahora mismo en el Sercla para poder atajar esa precariedad, pero debe ser también una lucha de todos. La inspección de trabajo está jugando un papel fundamental, pero a partir de ahí hay que trabajar en la formación, ya que cuanto más formada esté una persona más derechos adquiridos tendrá el trabajador frente a su empresa.

El 40% de los trabajadores de la provincia serán autónomos en un futuro cercano, ¿les preocupa la figura del falso autónomo como una amenaza más en la precariedad?

—Nosotros tenemos 26 centros de emprendimiento en la provincia y vamos a abrir otros más gracias a la ITI para crear nuevos autónomos. El 25% de nuestro sector productivo son pymes, que son los que están empleando en la provincia. En 2016 hubo 1,2 millones de euros para incentivos a autónomos, en 2017 los elevamos a 2,5 millones, que han beneficiado a unos 500 autónomos de 3.000 solicitudes recibidas.

Los datos de siniestralidad laboral son tremendos...

—Es una tarea de todos también. Con respecto a años anteriores ha habido un repunte, sobre todo de accidentes graves, y la semana pasada presentamos desde la Junta la nueva estrategia para combatir la siniestralidad laboral. Se ha elaborado un documento que incluye además una inversión de 59 millones de euros hasta 2020 para impulsar jornadas, asesoramiento, órdenes para las pymes... pero el empresario y el trabajador también debe remar en el mismo sentido.

¿Hasta cuándo permanecerá cerrado el centro de formación de San Juan de Dios en Jerez?

—Estamos en el traspaso de nuestra Consejería a la de Educación. La intención es que en 2018-2019 tener el centro abierto impartiendo formación sobre el sector agroalimentario, pero también hay que tener en cuenta que esto forma parte de un trámite que se puede demorar, aunque la intención es que esté abierto y rentabilizado este próximo curso.  

¿Qué podemos esperar de los presupuestos de la Junta para este año?

—Los presupuestos no están provincializados, pero se centran en sanidad, educación y empleo, donde seguiremos con nuestra batería de herramientas, como las órdenes de IDEA, la orientación laboral, el fomento del emprendimiento...  

Hay 26 CADE en la provincia, ¿qué papel están jugando?

—La red de centros CADE es fundamental, ya que asesora a quien tenga una idea o un proyecto, pero también dan soporte a todas las órdenes que saca la Junta y de las que se pueden beneficiar autónomos de la provincia. Hasta el tercer trimestre del año pasado se han creado unas 1.200 empresas en la provincia a través de los CADE y hacemos un seguimiento de su consolidación. Hoy día se crean menos empresas, pero porque la duración de vida de las empresas existentes es superior en estos momentos.

Todos los agentes económicos se hacen la misma pregunta, ¿qué pasa en la provincia para que estemos peor que en otras provincias con los recursos que tenemos?, y por otro lado, ¿hay balance del lastre de comunicaciones de la provincia?

—Soy defensora a ultranza de los recursos que tiene esta provincia en todos los sectores punteros. Comparativamente somos los mejores en muchos sectores, pero los niveles de empleo no acompañan a esa cualificación que se necesita en esos sectores. Hay que hacer atractiva esta provincia, hacer provincia, sacar pecho, porque nos castigamos más que lo bueno que sacamos de talento. Hay que captar inversores, y las comunicaciones pueden ser un lastre o no, pero tenemos buenas infraestructuras. Eso no quita que el corredor ferroviario sea una necesidad, pero no del Campo de Gibraltar, sino de toda Andalucía. Si los seis mil millones de euros que se ha gastado el Gobierno en el corredor ferroviario del Mediterráneo nos parecían un insulto, los seis mil más que han anunciado es inaguantable. 200 millones llevan gastados en el de Algeciras Bobadilla. Esto no es una cosa del Campo de Gibraltar, es de Andalucía entera. El Gobierno central está castigando a Andalucía beneficiando el comercio exterior de los puertos de Barcelona y Valencia en detrimento del de Algeciras. Las posibilidades que tendríamos si este puerto pudiera contar con un corredor ferroviario son impresionantes. Estamos a la espera de conocer un informe sobre el impacto económico que supondría ese corredor ferroviario si se apuesta por Algeciras que es el primer puerto de España, porque es el punto de paso de las conexiones de América con Asia. Hay que mirar a esta provincia para que se convierta en lo que tiene que ser. Y todavía no nos han dejado claro si van a quitar el peaje de la autopista los próximos años.

 

*Entrevista realizada en el espacio A Compás con la participación de Almudena del Campo