Pacheco: “Volvería a firmar otra vez ese convenio”

Solo, con botella de agua en mano, de la que no se separó en el interrogatorio, y sonriente con algunos conocidos que aguardaban para saludarlo. Así llegaba ayer Pedro Pacheco a la Audiencia Provincial a primera hora de la mañana para afrontar el que ya es su cuarto juicio en cinco años. Lo hacía por su propio pie y desde su casa de la calle Fermín Aranda, a pocos metros de los juzgados. Una sonrisa que se congelaba en buena parte a medida que avanzaba al edificio acristalado de Álvaro Domecq al ver a los medios de comunicación congregados. Más molesto que en otras ocasiones, prefirió no atender a la  prensa y reservar sus declaraciones y explicaciones para el tribunal. Tras una hora, entre la exposición de las cuestiones previas y un receso para decidir, a las 11.23 horas el ex alcalde de Jerez era llamado a declarar. Después de 14 años de los hechos a juzgar, comenzaba el juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’, el mismo que se archivó en su día y que volvió a reabrirse por piezas por un recurso de la acusación particular que representa a los parcelistas desalojados. Era el primero y, como siempre, su comparecencia era la más esperada. Durante casi dos horas, se mostró contundente y tajante a la hora de defender “legalidad” de la operación urbanística realizada por la ya extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que él presidía como regidor de la ciudad en 2003 -para luego seguir al frente ya como delegado de Urbanismo tras el pacto PSA-PP,  para desarrollar unos suelos en San José Obrero conocidos como ‘Huertos de Ocio’. Esta operación obligaba a desalojar a parcelistas de la zona, mediante un acuerdo con una promotora a partir de una permuta por la que el Ayuntamiento adquiría la bodega  Palomino & Vergara, en la calle Medina, catalogada como  edificio singular  del patrimonio jerezano.

Pacheco, que no contestó a las preguntas de la acusación particular, que representa a los parcelistas denunciantes, explicó al fiscal que el acuerdo para la permuta con la entidad Xera Promociones SA para “transformar” los suelos en los que se “sembraba patatas” hasta convertirlos “en unifamiliares” a cambio de una bodega en la calle Medina, se aprobó en el consejo de la GMU y en el Pleno “por mayoría” y que sólo hubo una “abstención” de IU por “táctica política”. Así, detalló que esta intervención urbanística se fraguó “a iniciativa de la promotora” y que el “objetivo” del Ayuntamiento con este acuerdo era “revitalizar” la zona oeste de la ciudad junto al antiguo ferrocarril y “dar un paso más” adquiriendo la citada bodega, ahora desmantelada, para “darle contenido” y poner en marcha una “incubadora” de empresas.

Para ello, como en otros casos, el Ayuntamiento solía optar por “vender” o “permutar” las parcelas de las que era propietario en un sector (para ahorrarse de esta manera los costos de transformación), como así hicieron en una operación que calificó de “fácil” y que, en principio, “los inquilinos aceptaron” sin que hubiera “pegas” hasta que “surgió la acusación particular”, mientras que “otros que aceptaron fueron bien recompensados”, manifestó. 

Ahondando en la toma de decisiones,  dejó claro que más allá de “saludar” y “firmar” los acuerdos que le llegaban y de los que él ordenaba su ejecución, no entraba en lo que era el “aparato administrativo” de la GMU. “Jamás nos metemos en la estructura funcionarial de la GMU”, la cual contaba con “ocho o nueve áreas de trabajo”, con sus directores de áreas y hasta 15 departamentos, y en los que tenía plena confianza. “Los asuntos que iban a la gerencia se miraban con lupa y se exponían cinco días antes de ir al consejo. Era imposible que yo mirara todo lo que yo firmaba. Tendría que dimitir entonces. Si tengo que cuestionar todo el papel que me presenta la gente competente entonces no firmaría nada y todo se pararía. La confianza persiste”, dijo, para insistir en que él “estaba en la parte política” y que, por tanto, no entraba en cuestiones técnicas puras y duras.

Sin objeciones en el registro notarial

Por esta razón, defendió con vehemencia que la permuta con la que se transfería  el 68% de la finca por un edificio más un complemento “neto en metálico” hasta completar el 100% “estaba perfectamente hecha porque no había informe que dijera lo contrario”. Prueba de ello, como recalcó, era, entre otras cuestiones, la ausencia de “objeciones” por parte del registro notarial” y el acuerdo del consejo. Además, tal y como redundó, “si hubiera habido advertencia de ilegalidad no firmo. No había nada de trasfondo”, reiteró. En esta tónica, rechazó que él, como presidente de la GMU, se encargase de revisar el cumplimiento de la ley, puesto que “como líder de una formación política” y parlamentario andaluz en aquella época “revisar la legalidad” de los “cientos y pico de acuerdos” que firmaba no era su cometido. “Yo soy político, yo no soy Dios”, afirmó. Es más, si echara la vista atrás, y retrocediera 14 años, “viendo lo que estoy viendo ahora y con lo que me he enterado, hubiera firmado otra vez ese convenio de la permuta”.

Un acuerdo para el que “bajo ningún concepto” se concertó con el promotor de la obra, (cuya causa se ha archivado por enfermedad) para eludir la subasta de los terrenos. “Ni he pactado nada, ni se ocultó nada, ni hay nada debajo”. Su tesis en este sentido es cada vez más clara, como así concluyó ante el tribunal.  “Si a mí alguien me advierte de cualquier rareza administrativa o infracción no hubiese firmado, pero rareza es rareza y error es error, no es delito. Se ha montado una tormenta que se está desmontando por día. Es un suflé que se está desmoronando”, sentenció.

 El cheque que cobró la GMU para completar el 100%

El Ministerio Fiscal, que solicita cinco años de prisión para Pedro Pacheco por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa, resalta en su escrito de calificación el “perjuicio económico” que ocasionó a las arcas municipales este proceso. Para ello, argumenta que   las parcelas fueron tasadas en 1,6 millones de euros, mientras la promotora traspasó al Consistorio jerezano la propiedad de la bodega de la calle Medina valorada posteriormente en 610.000 euros. Tanto este importe, que Pacheco consideró “equilibrado” y “dentro de los precios que se pagaban en esa época”, como el dinero en metálico que se aportó en la firma del convenio para completar el 100%  de la transmisión de la finca, constituyeron uno de los momentos más tensos de la declaración.

A las preguntas del fiscal, sobre las razones por las que finalmente en el convenio se transfirió el 100% de la permuta, Pacheco señaló que “habría habido un acuerdo para que el 31,96% restante se hubiera satisfecho en metálico” y se aventuró incluso a decir al representante del Ministerio Público de que a lo largo de las sesiones programadas, nueve con la de ayer durante tres semanas, “vendrá gente que podrá decirle que fue satisfecho (por la parte restante) en dinero”.

¿Aparecía esto recogido en el convenio? Según el fiscal, no. Sin embargo, llegado el turno del abogado del ex alcalde, Manuel Hortas, y volviendo de nuevo al documento, desmontó la tesis de Fiscalía, leyendo literalmente un apartado del convenio en el que se hacía mención a la entrega de un cheque por valor de 220.000 euros, (120.000 del importe del remanente correspondiente al 31,96% que faltaba, y poco más de 90.000 en concepto de IVA. Unas cantidades por las que se completa la cifra de los 610.000 euros a los que asciende la valoración de la citada bodega. “El convenio dice que por esas cantidades se expide cheque de ese dinero, un cheque que tiene la gerencia y que nadie dice que no se ha cobrado, al contrario, el notario hace constar que el cheque ha sido debidamente cobrado”, señala. Eso sí, después de 14 años, no han podido dar con él.

¿Cómo ve su letrado a Pedro Pacheco?Cauto, porque esto acaba de empezar, sí dijo de su cliente que estaba “con muchas ganas de decir las cosas como son y como él las piensa” y que en la vista había dicho “obviedades y una detrás de otras”. “El presidente del Consejo de Administración de la Gerencia no va a estar en si se notifica o no a la Junta de Andalucía una permuta. El presidente del Corte Inglés no está pendiente de si sus empleados dan o no dan una factura”, argumentó Hortas.

También dejó claro que, independientemente de que luego se “formalizara” el informe con posterioridad para introducirlo en el expediente del acuerdo de la permuta, lo cual si podría ser una “irregularidad” aunque de carácter administrativa, es “indudable” que  los valores de la parcela “estaban en el momento en el que se hace el convenio”.  La vista, que se retoma hoy con la declaración de los otros dos acusados, concluyó con la comparecencia de  F.N, uno de los técnicos procesados, contra el que la Fiscalía no ha presentado cargos, que fue el encargado de estudiar los recursos presentados por los parcelistas. Ayer defendió  que se limitó a seguir “instrucciones” de su superior, el técnico encargado de los servicios jurídicos, y que nadie le puso “en antecedente” de que era un asunto “polémico”.