Las desastrosas consecuencias de la Reforma Laboral de 2012 siguen azotando a los trabajadores y a las trabajadoras. La sentencia del Tribunal Constitucional donde se permite el despido objetivo por ausencias intermitentes, aunque sean justificadas, es una vuelta de tuerca más porque consagra una preeminencia de la productividad y de los beneficios empresariales frente a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, como pueden ser el derecho al trabajo y a recuperar la salud tras una enfermedad. Ahora, las personas trabajadoras se verán empujadas a no poder ausentarse justificadamente de su puesto y a reincorporarse sin haber podido recuperar su salud, con el consiguiente riesgo para ellas y para el resto de la plantilla.

El peligro para la salud de las personas trabajadoras será más fuerte si cabe en una provincia como Sevilla, donde sufrimos un grave problema de detección y reconocimiento de enfermedades laborales; y en una comunidad autónoma como Andalucía, donde se reconocen las mismas enfermedades laborales que, por ejemplo, en Navarra, a pesar de la evidente diferencia de población. Porque con un 94% de contratación temporal y más de 200.000 sevillanas y sevillanos en paro, en nuestra provincia las personas trabajadoras valorarán seriamente ir a trabajar enfermas.

Especialmente lesivo será este escenario también para las mujeres. Son ellas las que desempeñan profesiones y actividades con una mayor incidencia de patologías que exigen periodos de recuperación cortos y discontinuos. Y es que la Reforma Laboral del PP en 2012, que combatimos sindicalmente con la convocatoria de dos huelgas generales, supuso un gran desequilibrio del mercado laboral provocando un enorme deterioro de los derechos laborales.

La clase trabajadora es ahora más pobre, mientras que el empresariado es más rico. CCOO no parará hasta reequilibrar el marco legislativo y ajustarlo al siglo XXI. Es de justicia derogar las reformas laborales, pero acabar con el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores también es urgente. Para lograr este objetivo los partidos políticos no tienen tiempo que perder. La primera tarea de la legislatura debe ser la de mejorar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora para limar las enormes desigualdades sociales provocadas por una salida de la crisis hecha a medida de los intereses de los grandes capitales. Y para ello, acabar con las reformas laborales que amparan barbaridades como el despido por enfermedad es el primer paso.