La corrupción supone sobornos, sobre precios, facturas falsas, procedimientos ilegales, para finalmente transferir dinero que sale de los presupuestos del estado a cuentas privadas personales o empresariales. Cuando son millonarias, terminan en opacos paraísos fiscales.


Son manifestaciones formales de comportamientos inmorales en los ámbitos del gobierno, me dice un amigo, joven investigador, que ha hecho su tesis doctoral en el Reino Unido sobre la corrupción. Y continua, es difícil establecer su definición, su concepto, su contenido y su ámbito.


En efecto, la cuarta, de las cinco acepciones de la palabra incluida en el diccionario de la RAE, es insuficiente para comprender un fenómeno transnacional endémico generalizado en las últimas décadas, por su magnitud, diversidad y tipología.


Ha salpicado a la mayor parte de países del mundo sin distinguir formas de gobierno, grados de desarrollo, de ello no han escapado familias reales, jefes de gobierno, ministros, miembros de la policía y políticos en general, llamados a dar buen ejemplo. Los expresidentes de la Junta de Andalucía (Chaves, Griñán) no se han apropiado de dinero como, en cambio, lo han hecho los políticos catalanes condenados (Pujol) o valencianos (Blasco). También depende de las costumbres. Una cosa es repartir y otra no hacerlo.


En 2003 la ONU aprobó la Convención contra la Corrupción. Sin definirla, solamente se refiere a la política; tangencialmente a la privada. La prensa apenas la menciona.


Como existe un fin común, da igual quien haya tomado la iniciativa para cercenar el patrimonio de todos, sea el dueño de la empresa, el alto cargo o el servidor público elegido por votación o no.


Se constata que en el ámbito estrictamente privado, entre el vendedor de productos o de servicios y el comprador, de forma similar a la corrupción política, en pequeña escala también están vigentes formas de apropiación ilícita de dinero, cuando se miente, se engaña o se perjudica al consumidor.


Pero este hecho no ocasiona preocupación social permanente. Lo preponderante es defender la “libertad de empresa y los puestos de trabajo” dedicados o no a producir con frecuencia productos perjudiciales para la salud con exceso de sal, de azúcar o de componentes químicos aún no autorizados. ¿Es corrupción que se esconde detrás de otras palabras?


¿El simple cambio de escala o de marca justifica un procedimiento incorrecto o la afirmación tácita o expresa de quien está en el gobierno, de que son casos y cosas del pasado?


El mal ejemplo cunde. La moral también está en crisis.