La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha desestimado las alegaciones presentadas por la empresa Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque catarí Abdullah Al-Thani y concesionaria de la ampliación del puerto de La Bajadilla, en Marbella (Málaga), a la sanción de 50.000 euros que fijó el organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda por el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del proyecto constructivo. Sin embargo, podría presentar un recurso de reposición, para lo que cuenta con un plazo de un mes.
La sociedad concesionaria presentó alegaciones a la propuesta de sanción, que, finalmente, no han sido estimadas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Desde este organismo han informado a Europa Press de que en la tarde de este pasado lunes se le envió la comunicación confirmando la penalización de 50.000 euros, contando a partir de ahora con ese nuevo mes para decidir si presenta un recurso de reposición.
El pasado 31 de enero la APPA comunicó a la sociedad concesionaria, propiedad del jeque y en la que también participa el Ayuntamiento de Marbella con un porcentaje testimonial, la propuesta de resolución tras la apertura en diciembre de 2013 de un expediente de penalización.
La cuantía de la multa era inicialmente de 60.000 euros, aunque se rebajó a 50.000 euros al haber alegado la sociedad que ya había licitado la redacción del proyecto, estando a la espera de su adjudicación.
RETRASO DE DOS AÑOS
Pese a lo alegado por la sociedad del jeque, la Administración regional argumenta que esa licitación se tenía que haber hecho en enero de 2012, por lo que se produce un retraso de dos años en la elaboración y presentación del documento que defina el proceso constructivo. Ante esto, y en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones del contrato, la Junta considera que ha de fijar una multa.
Desde la APPA han resaltado, de todos modos, que, con independencia de esta sanción, la empresa adjudicataria contará con su colaboración en la redacción del proyecto. En este punto, han subrayado que el objetivo principal del contrato es la ampliación de La Bajadilla y no la gestión del puerto, que ya se está desarrollando.
La Consejería de Fomento ya abrió un expediente de rescisión a la sociedad, que acabó siendo archivado al no darse los supuestos de abandono de la concesión y de incumplimiento generalizado del contrato, después de que el pasado agosto abonara los 1,8 millones de euros que tenía pendientes del canon correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013; constituyera, además, la sociedad, y abonara las deudas con las empresas proveedoras.
No obstante, para la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sí existe un incumplimiento del objeto principal del contrato, que es la ampliación de La Bajadilla, por lo que insiste en fijar una sanción de 50.000 euros.
