La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto continuar este lunes, día 24 de marzo, el juicio a cinco policías nacional acusados de presuntos abusos sexuales a mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital malagueña. Así, está previsto que declaren varios testigos protegidos.
Según han confirmado a Europa Press distintas fuentes judiciales, algunos de esos testigos serían mujeres que habrían sido víctimas. En este sentido, han apuntado que se prevé que esas declaraciones se realicen por vídeo conferencia siempre que sean localizados los testigos. El juicio comenzó el pasado mes de octubre con las cuestiones previas.
Los hechos investigados sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pide en total 27 años de prisión para los cinco procesados. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el CIE en los turnos de trabajo de madrugada "cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes".
Asimismo, esta acusación pública apunta que "se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil", al tiempo que se indica que se creaba un "ambiente relajado de disciplina" que "los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas".
En este ambiente, señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, supuestamente llegaban a mantener, en algunas ocasiones, relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron "prevaliéndose de su condición de policía" y se pone de manifiesto que se habría concretado la existencia de ocho actos con trascendencia penal.
En algunos casos, los agentes se dirigieron a las internas, testigos protegidos en la causa, y "se les insinuaron sexualmente", con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito de calificación. Otras veces, presuntamente llegaron a tener relaciones sexuales a las que las mujeres habrían dado "su consentimiento por la condición de autoridad" de los procesados.
La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel. Todos los acusados han negado los hechos.
