Unas 20 familias han sido desahuciadas este miércoles del inmueble que ocupaban de forma ilegal en una urbanización ubicada en Nueva Andalucía.
El desalojo, llevado a cabo por la Policía Nacional en la Corrala La Urba, estaba previsto a las 09.00 horas y ha concluido sobre las 10.30 horas.
Así, parte de las familias desalojadas se establecerán en una pensión ubicada en San Pedro, a pocos kilómetros de Nueva Andalucía, hasta que reciban las ayudas que, según dicen, les ha prometido el Consistorio.
Una de las afectadas por el lanzamiento de las viviendas ha señalado que "pertenezco a una de las familias que han aceptado la ayuda, pero ¿qué hago yo en una pensión ocho días? Nos van a dar 2.000 euros, pero no tengo trabajo por lo que quién me alquilará un piso si sabe que dispongo de ese dinero". La mayoría de las familias, sin embargo, no tienen reconocidas las prestaciones.
La concejal de Derechos Sociales, Victoria Morales, de IU, que se ha personado en el inmueble, ha asegurado que se ha puesto en contacto con el juez que instruía el lanzamiento de las viviendas para pedirle, sin éxito, que paralizará el desahucio.
"Nos ha dicho que es sentencia en firme y que era la tercera suspensión del lanzamiento, que lleva tres años. Nos ha asegurado que no podía realizar otra suspensión ni dilatar más el proceso", ha explicado.
Morales ha indicado que el Consistorio "no ha tenido capacidad de reacción" ya que, a su juicio, cedieron la mediación a un representante que eligieron los perjudicados por el desahucio.
La concejal ha asegurado que su Delegación ha recibido las solicitudes de ayuda de 11 familias afectadas por el desalojo, por lo que ha pedido al resto de miembros que comuniquen su situación a la Concejalía.
