Los 7.500 trabajadores de Metro están llamados a un paro de tres días, que empezó ayer lunes, para protestar por la decisión de la Comunidad de Madrid de extender a empleados de empresas públicas la medida del Gobierno central de recortar un cinco por ciento el salario a los funcionarios, debido a la crisis económica.
Si el lunes los trabajadores cumplieron los servicios mínimos, el cincuenta por ciento de los trenes, ayer se negaron a hacerlo, en una decisión adoptada anoche en una asamblea.
El resultado ha sido que no ha circulado convoy alguno y los usuarios han buscado otras vías.
El tráfico en el centro de Madrid y en la vía urbana de circunvalación, M-30, se ha incrementado más de un veinte por ciento en la franja horaria punta (de 6.30 a 8.30), mientras que Renfe ha decidido aumentar el número de trenes de Cercanías en circulación, con 83.000 viajeros más de lo habitual entre las 7.00 y las 9.00 horas.
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid reforzaba su servicio de autobuses a mediodía y por la tarde para facilitar los traslados.
El incumplimiento de los servicios mínimos ha generado un fuerte debate entre los políticos, no sólo madrileños.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que los sindicatos de Metro tienen la “obligación de respetar los servicios mínimos”fijados en el paro del suburbano y les ha dicho que como trabajadores del transporte público no pueden “chantajear" a los madrileños.
Por su parte, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, ha ordenado la apertura de expediente a todos los trabajadores de Metro que haya incumplido los servicios mínimos.
Las respuesta de los sindicatos CCOO y UGT de Madrid ha sido responsabilizar al Gobierno regional de la huelga de Metro y respaldar la decisión de los trabajadores de incumplir los servicios mínimos. Las centrales consideran abusivos esos servicios del cincuenta por ciento y los van a recurrir ante los tribunales.
