Las juntas de jueces convocadas ayer en todos los órganos judiciales decidirán si se suman a los paros convocados para el 18 de febrero en Murcia, Extremadura y Zamora, o si dan un margen al Gobierno para responder a las reivindicaciones de las asociaciones que, según Justicia, son “asumibles”. 

A la huelga del próximo 18 de febrero se han sumado también unos 270 jueces a título personal, aunque las cuatro asociaciones judiciales han preferido aplazar al 26 de junio la posible huelga y comprobar si el Ejecutivo pone en marcha sus exigencias. 

El “documento reivindicativo” consensuado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente será examinado en la jornada de ayer martes por las juntas de jueces. 

En lugar de una huelga, las asociaciones proponen que el próximo día 18 de febrero se celebren concentraciones de jueces “sin toga” en todas las capitales de provincia frente a los edificios judiciales más emblemáticos, en las que se leerán sus reivindicaciones. 

Entre estas reivindicaciones, destaca la urgente instauración de la oficina judicial, la plena incorporación de las nuevas tecnologías, la supresión del traslado forzoso por ascenso y el que se dé cumplimiento de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial.