La Guardia Civil está investigando si los seis ciudadanos paquistaníes detenidos en las últimas horas en Barcelona por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito fiscal, emplearon también el dinero defraudado para financiar las redes del terrorista islamista. 

Los arrestados, que regentaban varios locutorios y empresas de telecomunicaciones, vivían en el barrio barcelonés del Raval, en Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, Badalona y L’Hospitalet de Llobregat, poblaciones en las que se han llevado a cabo en el pasado importantes operaciones contra el terrorismo islamista. 

En el transcurso de la Operación Cheapest, la Guardia Civil ha practicado registros en Barcelona (en tres empresas y un domicilio particular), en Valencia (en una sociedad y una vivienda), en Las Palmas (en otra empresa y otro domicilio) y en Logroño (en una empresa y una vivienda). 

Fuentes de la investigación han asegurado que, por el momento, se les imputa un delito de fraude fiscal en el IVA, aunque no se descarta que también formaran parte de un grupo dedicado a la financiación de las redes del terrorismo islamista. 

Los arrestados enviaban importantes sumas de dinero a Pakistán a través de los locutorios que regentaban. 

Los agentes tratan ahora de determinar si esos fondos se destinaban después a financiar el terrorismo de raíz yihadista. 

En este sentido, fuentes jurídicas han confirmado que en la orden de detención dictada por Baltasar Garzón figura, además del delito de fraude fiscal, otro más de “financiación con fines terroristas”. 

Las mismas fuentes han confirmado que los detenidos podrían prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo viernes o el sábado. 

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado en declaraciones a los medios que los seis detenidos están acusados de fraude fiscal y no ha descartado que las investigaciones puedan llevar a “algo más”.