Dos ex alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran en la lista de 34 nuevos imputados en relación con la trama de corrupción y tráfico de influencias que investiga el juez Garzón. 

Antes de que se conocieran estas imputaciones, desde el PP optaron ya el domingo por destituir a estos dos ex regidores, acusados, como el resto de los imputados en esta lista de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. 

González Panero conocía su imputación un día después de haber visitado voluntariamente a Garzón para aclararle “las dudas” que pudiera tener sobre la investigación y al mismo tiempo que celebraba un pleno extraordinario para formalizar su dimisión, anunciada ayer por el líder del PP, Mariano Rajoy, y a la que el ex regidor se ha resistido durante veinticuatro horas bajo el argumento de no estar imputado. 

Por el momento será la teniente de alcalde, Belén Húmera, la que asuma provisionalmente el sillón principal del consistorio. 

Guillermo Ortega, por su parte, había dejado de ser alcalde de Majadahonda en 2005 y el lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la dimisión de éste como gerente del Mercado Puerta de Toledo, junto a la del consejero de Deportes Alberto López Viejo, quien no figura en la lista de imputados. 

Los 34 nuevos imputados, entre los que también destaca el empresario Álvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes y que fue arrestado el lunes por la noche en Valencia, se suman a los tres detenidos en la operación Gürtel que el lunes comparecieron ante Garzón, el presunto líder de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. 

Para hoy ya han sido citados a declarar tres de estos imputados: Carmen Luis Cerezo, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y Felisa Jordán, detenidas ambas el viernes y puestas en libertad por la Policía. 

Otros nombres de la lista de imputados son los de Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y Jacobo Gordón Levenfelt, apoderado junto a Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) de la extinta empresa Columela Gestión. 

La decisión del magistrado ha despertado las iras del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), que ha asegurado que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, “las actuaciones del juez Baltasar Garzón también” lo son. 

En respuesta a esta crítica, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, pedía a los dirigentes del PP que desautorizaran a León de la Riva por comparar a Garzón con ETA. 

En contraste con las declaraciones del alcalde de Valladolid, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que se actúe con “toda contundencia” si de las investigaciones de Garzón se derivasen “hechos que van en contra de los criterios y principios” de su partido, “la honorabilidad y la honradez”. 

Hoy también podría declarar el último detenido en el caso, Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market.