El nuevo primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha decidido no renovar la moratoria que regía en el país contra la pena de muerte en un intento de detener el incremento del crimen y la beligerancia, una medida que Amnistía Internacional ha calificado como "escandalosa y retrógrada".
El anterior Gobierno de Paquistán había impuesto una moratoria en 2008, elogiada por numerosos organismos en defensa de los derechos humanos, y que expiró el pasado 30 de junio. "El Gobierno actual no tiene intención de renovarla", ha aclarado un portavoz del Ministerio de Interior, Omar Hamid Jan.
Jan ha afirmado que la nueva política del Gobierno de Sharif, el actual primer ministro, servirá para ejecutar a todos los presos que permanecen en el corredor de la muerte, salvo a aquéllos que han sido indultados por razones humanitarias. Todas las ejecuciones deben ser aprobadas por el presidente del país, Asif Ali Zardari.
La restauración de la pena capital en Pakistán es una medida que choca con un contexto en el que alrededor de 150 países han abolido esta condena o al menos, han detenido su ejecución. Más de 8.000 personas esperan a ser ejecutados en las prisiones de decenas de países, según ha informado Amnistía Internacional desde su sede en Londres. El Gobierno sitúa la cifra de paquistaníes condenados a muerte en 400 que serán ejecutados, en su mayor parte, por ahorcamiento.
Pakistán está entre los últimos países del mundo que se mantienen fieles a esta práctica, junto a Estados Unidos, China, Nigeria y Yemen, entre otros. Papúa Nueva Guinea, uno de los países más corruptos y pobres del mundo, también restauró la pena de muerte el pasado mes de mayo, y ha revocado sus leyes de brujería después de una ola de brutales asesinatos y violaciones en grupo de "brujas".
SISTEMA JUDICIAL PAQUISTANÍ
Amnistía Internacional ha denunciado que "mientras la pena de muerte se siga practicando, nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a gente inocente".
"Que no se celebren juicios justos en Pakistán no sólo aumenta el riesgo de ejecutar a inocentes, sino que es una grave infracción por parte del país de sus obligaciones internacionales", ha declarado Amnistía.
Pakistán ha afirmado que la pena capital es "la clave para detener el crimen" en lugares como Karachi, una ciudad de 18 millones de habitantes plagada de violencia, así como en las áreas transfronterizas con Afganistán, donde se suceden ataques de los talibán diariamente. Jan ha reforzado sus argumentos basándose en la vigencia de la pena capital "en muchas partes de Estados Unidos, nación con el mejor sistema judicial" del mundo, ha afirmado.
Tras el acceso a la Presidencia del país en 2008 de Asif Ali Zardari, el Gobierno del Partido Popular de Pakistán (PPP), extendió la moratoria a la pena capital. Zardari, viudo de la expresidenta del PPP y ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, férrea opositora a la pena capital asesinada en 2007, dejará su cargo a finales de este año.
