En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su toma de posesión, el nuevo ministro ha pedido este gran acuerdo para lograr la informatización del sistema judicial, diseñar un nuevo mapa judicial e impulsar fórmulas de conciliación que reduzcan la elevada litigiosidad.
También ha anunciado su intención de crear un Registro Civil de España, único y moderno, y ha apostado por abrir una reflexión sobre la posibilidad de reducir el “complejo y nutrido sistema de recursos judiciales” que provocan dilaciones.
La puesta en marcha de un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento para la Justicia, para el que se destinarán 200 millones de euros anuales durante tres ejercicios, pretende lograr que todos los tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, y que sean accesibles para los usuarios.
Un aumento del 48%
Esta “importante inyección”, que supone un aumento del 48% sobre años anteriores, dará un impulso decisivo, según Caamaño, que también ha trasladado a los diputados las propuestas que ya avanzó a las asociaciones judiciales, como la convocatoria de 220 plazas de jueces y 150 para fiscales anuales y medidas para la conciliación laboral y familiar de los jueces.
