La Fiscalía Anticorrupción solicita para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, una pena de dos años de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial. 

El fiscal considera que Fabra, en fecha no concretada, con el objeto de conseguir “el mayor número posible de autorizaciones” del Gobierno para la producción de productos fitosanitarios por parte de dos empresas en las que participaba su mujer, acordó con sus socios presentar documentación manipulada “si era preciso”. 

Esta manipulación significaba “la simulación de informes técnicos y la imitación de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de la India y China”, y para simular esos papeles se fabricaron “sellos y cuños” que “fueron proporcionados” por Fabra. 

La Fiscalía pidió que se sobresean las actuaciones dirigidas contra el ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández. 

Los hechos se remontan al año 2001, cuando Fabra, el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives, manipularon la documentación necesaria para conseguir autorizaciones del Ministerio de Agricultura y fabricar productos fitosanitarios en las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi SL y Artemis 2000 SL.