Sí, “cagada”, y no otra, es la palabra más apropiada para calificar una de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo equipo de gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, integrado por PSOE y La Línea 100 x 100, el pasado 20 de agosto.
El incremento del coste político de la entidad y la subida de sueldos de los principales altos cargos, empezando por el presidente, no es solo una grave metedura de pata –o de mano en la caja, para ser más exactos–, sino también una afrenta a la ciudadanía.
Se trata de una iniciativa que no está claramente justificada –la mejora en los emolumentos de nuestros dirigentes rara vez lo está–, y mucho menos aún en el caso que nos ocupa. El de un organismo cuya utilidad viene siendo puesta en tela de juicio prácticamente desde los comienzos de su andadura en la década de los ochenta del pasado siglo.
Nadie pone en duda la legalidad de dicha decisión, ¡faltaría más! Si no fuera legal, la cosa sería de juzgado de guardia. Lo que se pone en entredicho es la oportunidad y la idoneidad de la medida.
No es de recibo que quienes poco antes de tomar posesión de sus cargos se despachaban a gusto con declaraciones en las que advertían de la situación deficitaria en la gestión de los servicios mancomunados, apuntando hacia la posibilidad de un incremento de las tasas en los ejercicios venideros, lo primero que hayan resuelto es aumentarse sus remuneraciones.
La circunstancia de que, además, la presidencia haya recaído una vez más –la tercera en los últimos doce años– en un representante de Algeciras, municipio cuyo ayuntamiento ni siquiera tiene cedidos los servicios de agua y basura a Arcgisa, y el hecho de que haya sido precisamente dicho representante el que se ha destacado en los medios con tal clase de manifestaciones –quizá por aquello de que la mayor o menor cuantía de dichas tasas no repercute directamente en los ciudadanos algecireños a los que representa– no hace sino agravar todavía más el estropicio cometido.
Pero lo más triste de todo este asunto es el daño que con este tipo de actuaciones se provoca a la imagen de lo público, a la política como actividad, a las instituciones, a los partidos y a cada hijo de vecino, en especial aquellos que se las ven y se las desean a diario para llegar a fin de mes y para cumplir religiosamente con el fisco.
Lo dicho, una cagada.
