Antonio Maíllo ha visitado esta semana la provincia de Cádiz en calidad de Coordinador General andaluz de Izquierda Unida; una tierra con la que mantiene un vínculo muy especial, ya que fue concejal durante cuatro años -entre 1991 y 1995- en Sanlúcar, donde ejercía como profesor de Latín en el Instituto Francisco Pacheco. Es hombre de letras, pero también de realidades, y no rehúye las cifras, sobre todo si tienen que ver con el futuro de Andalucía, como ocurre actualmente con la negociación del Presupuesto para 2014. Tiene clara sus prioridades al respecto, pero también las que conciernen al futuro de su organización política, que ha iniciado con su elección como Coordinador General un proceso de renovación que encarna por sí mismo las aspiraciones de los hombres y mujeres que forman parte de su proyecto.
—¿Qué espera Izquierda Unida de ese “nuevo tiempo” que anuncia la presidenta Susana Díaz?
—Hemos considerado siempre que este nuevo gobierno, no sólo desde el cambio de presidencia, sino desde las elecciones de 2012, está anclado a unas políticas que acordaron dos fuerzas, a pesar de sus diferencias, en torno a unas propuestas programáticas diferencias claramente del gobierno de Madrid y que contribuyeran a la salida de la crisis en Andalucía, y es con ese acuerdo con el que seguimos vinculados. Aquí lo que se ha producido es un cambio, no menor, es verdad, pero, desde la perspectiva de IU, la vinculación al proyecto no lo determinan las personas, no lo determinó Griñán en su día y no lo va a hacer Díaz ahora, sino las políticas que nosotros acordamos. Ante este cambio hemos querido transmitir un mensaje muy claro a Andalucía, y es que nuestros consejeros lo están haciendo muy bien y por tanto deben seguir adelante y no sufrir un parón, porque Andalucía necesita nuestros esfuerzo desde la institución a favor del objetivo principal.
—Dijo que tenía que convencer con su discurso, ¿lo ha hecho?
—En primer lugar, tenía que convencer porque un debate de investidura es muy importante y debía estar vinculado a nuestro acuerdo y a determinadas propuestas que habíamos realizado y habían quedado arrinconadas por el devenir de la realidad y el día a día del Gobierno. En este sentido, se han introducido novedades en el acuerdo: ella hablaba del observatorio del banco de tierras, y nosotros proponemos la creación de ese banco de tierras, que es poner a disposición, sobre todo desde el ámbito rural, de las propiedades que tiene la Junta para utilizarlas como inicio de un proceso de transformación que tenga en cuenta la explotación de las fincas y la de los productos, así como su distribución, para generar y activar la economía en el ámbito rural. También hemos propuesto la creación de un instituto de crédito, o lo que nosotros llamamos banca pública para facilitar el crédito a las pymes, autonómos, cooperativas…, en definitiva a la economía social, a los sectores que generan empleo y mueven esa economía local.
—¿Tiene la Junta músculo financiero para asumir una iniciativa como la de esa banca pública?
—Tiene que tenerlo. En momentos de crisis como el actual hay que abrir caminos diferentes a las políticas que nos están imponiendo desde Madrid o desde la troika, y ese camino diferente necesita ese instrumento. Que es modesto, en principio no importa que lo sea, ya que si lo hacemos bien y establecemos objetivos prioritarios, conseguiremos iniciar un proceso de facilitación de crédito, que es de lo que se trata. No es salir con un modelo clásico de banca que suponga la apertura de cientos de sucursales, se trata de una banca que concentre el músculo financiero en los objetivos para los que se ha creado, que es facilitar el crédito, desde una estructura sencilla y eficaz en cuanto a la llegada del objetivo finalista, que es lo que la banca privada no hace.
—En la consecución de ese proyecto va a ser fundamental la aprobación del nuevo presupuesto de la Junta, que va a ser el primer gran examen del nuevo gobierno, ¿qué esperan de la negociación?
—Los presupuestos de la Junta son complicados, no vamos a engañar a nadie, ya que un 84% de nuestros ingresos vienen determinados por la administración general del Estado y hay que estar pendientes de lo que presente el ministro Montoro, porque ahí se va a retratar el gobierno del PP con respecto a lo que quiere para Andalucía, en los ingresos a cuenta, que obedece además a un sistema de redistribución completamente injusto, al menos para Andalucía, porque no tiene en cuenta la población, sino el producto interior bruto. El PP ya ha enseñado la patita, y con muchas garras, porque nos dicen que las comunidades que tenemos las competencias exclusivas en educación, en sanidad y en servicios sociales, nos exige un endurecimiento del déficit presupuestario, lo que es una barbaridad; nos ponen unas reglas de juego completamente trampeadas, y a partir de ahí nos dicen que elaboremos nuestros presupuestos. Sobre esa regla de juego trampeada, nosotros tenemos claro una cosa, que a pesar de lo que nos empuje Montoro, no vamos a privatizar, hay que mantener el modelo público de educación, de la sanidad y unos servicios sociales que hay compensar ante la retirada de transferencias.
—Hay, pues, poco margen de maniobra entonces…
—Hay poco margen pero tendremos que establecer las prioridades. Hay un camino al que nos empuja el PP, a convertir en realidad lo que ellos están impulsando a través de las normas, que es la privatización y el debilitamiento del Estado. La solución más fácil sería la privatización, pero no vamos a optar por esa medida porque sería pan para hoy y hambre para mañana. Jerez, por ejemplo, es una ciudad que está reflejando como nadie que la búsqueda de liquidez mediante la privatización del agua, pero a cambio de tener que afrontar dificultades a medio y largo plazo. En ese sentido, descartamos cualquier tipo de privatización de servicios.
—Con respecto a incrementar ingresos, ustedes abogan por la fiscalidad progresiva, pero ¿en qué términos?
—Rajoy hace todas las reformas, menos la que es la necesaria, la fiscal. Hay un debate perverso, porque nos obsesionamos con el control del gasto, con los recortes, y no damos cabida a otro debate que es necesario en un país donde el fraude fiscal equivale dos veces al presupuesto de la Junta de Andalucía. En el ámbito de competencias que nos corresponde a Andalucía tenemos dos deberes, un imperativo ético que tiene el gobierno, que es que en los debates de la conferencia sectorial de la política financiera tenemos que poner desde el sur el debate de los ingresos encima de la mesa; cada vez que vamos a ver a Montoro no podemos asistir a las lecciones del Maestro Liendres de ustedes tienen que recortar en sanidad… , pues no, porque tenemos que hablar de lo que usted no habla, del fraude fiscal que hay en España y del que usted no habla. El otro deber es ver las posibilidades que tenemos aquí para obtener ingresos, y para eso hay que aclarar una cosa, las capas populares no podemos seguir soportando más la carga impositiva; y ahí adquiere relevancia un estudio del que disponemos que refleja que en Andalucía, en torno a las 400 grandes superficies que hay instaladas, tienen que aportar a la riqueza de la comunidad. Sus plusvalías vienen generadas por las aportaciones de los andaluces y lo que planteamos es aplicarles una tasa cuyos ingresos irán a la promoción y ayuda del pequeño comercio.
—Su modelo para Andalucía es evidente, a partir de la apuesta por el mantenimiento de una educación y sanidad públicas, ¿pero se cuentan con los instrumentos para mantenerlo?.
—Hay un presupuesto y unas prioridades, y dentro de esas prioridades es evidente que cada vez que nos da menos dinero Madrid, hay menos presupuesto consolidado. Por eso nos vemos obligados a depositar la mayor parte del esfuerzo en mantener esos ámbitos prioritarios para nosotros.
—Encima de la mesa del Gobierno de la Junta está el tema presupuestario, pero también sigue estando presente la incidencia del caso de los ERE, ¿cómo les está afectando en su relación con sus socios de gobierno en estos momentos?
—El caso de los ERE ni está en los presupuestos, ni está en el acuerdo de gobierno, ni lo habría estado, y en todo caso son posiciones políticas que son diferentes, como se ha podido comprobar.
—Por supuesto, pero resulta evidente que tanto revuelo mediático debe incidir en su relación…
—El caso de los ERE lo único que necesita es que la Justicia haga su papel, llegue hasta el final, asuma y castigue a los culpables, que devuelvan el dinero robado si lo han hecho, y que se sepa todo, sin limitación alguna. Pero este gobierno no tiene nada que ver con los ERE. IU fue quien promovió la apertura de una comisión de investigación en el momento en que tuvo capacidad para hacerlo; de hecho, lo vinculamos al acuerdo. Ha habido comisión, investigación, han acudido hasta ex presidentes de la Junta, ex altos cargos… Se sacaron unas conclusiones que promovió IU, que no llegaron al Parlamento, pero que nosotros hacemos nuestras, y curiosamente porque obtuvieron el voto en contra tanto del PSOE como del PP. Por tanto aquí cada uno se ha retratado en cada momento.
—¿Cómo analizan ustedes la posición del PSOE ante este caso?
—El PSOE establece la estrategia que considera. Nosotros no compartimos en absoluto que ellos no votaran a favor de unas conclusiones sensatas y clarividentes. Aquí cada uno asume su estrategia. Dicho esto, la nueva presidenta ha apostado por dar un nuevo impulso y luchar contra la corrupción, y estamos de acuerdo porque ese mensaje no es sólo de Susana Díaz Pacheco, sino que es de un gobierno en el que hay dos fuerzas políticas.
—Pero por otro lado los ciudadanos están asqueados, no ya sólo del caso de los ERE, sino de cualquier otro de corrupción. En este sentido, ¿cuál es el mensaje que IU para evitar ese desapego hacia la labor política?
—Asqueados y hastiados estamos nosotros mismos de esos casos de corrupción, y como ciudadano que accede a la política es lo que yo me digo a mí mismo. Pero eso no puede ser excusa. Hay un clamor social contra la corrupción, y nos hacemos partícipes de ese clamor.
—Su llegada a IU ha supuesto una auténtica renovación para la coalición, ¿cree que esa es una de las claves que les está permitiendo llegar más a la ciudadanía?
—Nosotros hemos hecho un proceso de renovación impecable, de mucha reflexión política previa, y el resultado se ha visto como algo natural a esa reflexión. El cambio generacional es evidente y en ese sentido ese salto generacional era algo que ya tocaba. La nueva dirigencia forma parte de una generación que no formaba parte de la primera línea cuando se fundó IU en el 86 y que refleja el proceso de renovación y de protagonismo que toca ahora a determinados sectores andaluces.
—¿Cómo piensa transmitir esa renovación al exterior?
—Consiste en decirle a la gente que la política, que está muy desprestigiada, no se puede combatir con la crítica fácil desde fuera, hay que mojarse, hay que contribuir a cambiar las cosas. La renovación de IU es una llamada y un guiño de complicidad, de ánimo y de esperanza para que la gente se moje, se manche –como decía Gabriel Celaya, “tomar partido hasta mancharse”- por construir una sociedad mejor, a formar parte de la solución a los problemas.
—Las encuestas les dan buenos resultados; sin embargo, la experiencia dicta que el último pacto de gobierno de un partido con el PSOE en la Junta fue muy perjudicial para ese partido, ¿temen que les pueda ocurrir igual?
—Hay una diferencia. Aquello no fue un gobierno de coalición. El PSOE tenía unas consejerías y el PA tenía las suyas, y cada uno asumía sus competencias en cada área. El modelo nuestro es menos fácil, porque todos nos tenemos que poner de acuerdo en todo, y nos vincula el acuerdo que se desarrolló en función de unos resultados electorales. Después de un año de experiencia se puede decir de todo menos que no se nota que IU esté en el Gobierno. Es más, la sociedad andaluza vincula muchos de los elementos novedosos de la gestión a IU, no al PSOE, y eso lleva a que se va a producir un fortalecimiento de las posiciones de IU en el sentido de que había sectores que eran escépticos hacia nuestra gestión de gobierno, pero casi un año y medio después se pueden adimitir mayores o pequeños errores, pero lo que no se puede dejar de reconocer es que somos una fuerza con capacidad de gobierno y que además ha dado imagen de continuidad, dedicándonos a hacer normas, como la que hemos aprobado esta semana contra los abusos de las cláusulas en las hipotecas. Nosotros no somos neutrales ante las crisis, ni mediadores ante dos sectores diferenciados, como puede ser entre los ciudadanos y la banca, entre los estafados y los estafadores, sino que se posiciona para defender y blindar legalmente los derechos de los ciudadanos. Igualmente, esta próxima semana entra para su debate la ley de la función social de la vivienda. El Gobierno del PP paralizó el decreto anti desahucios y en vez de presentar ahora un nuevo decreto, vamos a la mayor y lo presentamos en forma de ley.
—¿Cree que circunstancias como éstas son las que responden al agotamiento del modelo del bipartidismo?
—El bipartidismo se agota porque se agota un modelo que con esta crisis no tenía sostenibilidad. Nosotros hace seis años teníamos un discurso que era muy difícil…
—Y menos visible también…
—Menos visible sin lugar a dudas, pero complicado, porque la gente no entendía cuando decíamos que el crecimiento no podía estar exclusivamente vinculado al sector de la construcción, porque eso nos llevaba a la ruina. Nosotros defendíamos un modelo de diversificación económica. La fiesta se acabó. Se apagó la luz. Los especuladores se fueron y al pueblo le ha tocado recoger los platos rotos. Esa es la metáfora de lo ocurrido. Y ahí hay un reconocimiento social de quienes no creían en nuestro mensaje de entonces y ahora nos concenden una autoridad moral para afrontar el liderazgo del cambio de un nuevo modelo económico en Andalucía que debe desarrollarse sin más dilación y que debe encarnarse en determinados sectores que deben dar una visión diversa, caso del turismo, o de la economía social, la reindustrialización o sectores estratégicos vinculados a la agroindustria.
—El multipartidismo parece evidente y la competencia obligará a cuidar las estrategias, ¿cómo afronta en su caso esa labor?
—Nosotros las encuestas las vemos con distancia. Ahora bien, es cierto que marcan una tendencia coincidente, lo cual celebramos, pero no como determinante de nuestra labor política. Nosotros seguimos construyendo nuestra alianza con sectores, sabiendo de que ahora IU es una marca atractiva a la que mucha gente mira con esperanza. Celebramos que sea la marca y la multitud de personas que trabajan por el proyecto los que tengan mayor atractivo de vinculación con los ciudadanos. En ese contexto tenemos en primer lugar unas elecciones europeas en las que nos jugamos muchísimo, porque ahí se deciden muchas de las políticas que afectan posteriormente a nuestra región y no podemos dejarlas en manos del PP europeo. Y después unas elecciones tan queridas para una fuerza tan municipalista como la nuestras, como son las locales, donde tenemos un elemento de estrategia clarísimo, que es reforzar nuestra representación en las ciudades medias y en las grandes ciudades, sobre todo por el convencimiento del gran vuelco que se va a producir en 2015 en muchas de esas ciudades, e IU puede ser determinante en ese vuelco.
—¿Se ve como candidato a la Junta?
—Ahora mismo no, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir.
—¿Cuáles son sus prioridades para esta provincia?
—Ahora mismo la provincia tiene una prioridad que es la búsqueda de estrategia en los diferentes sectores para la creación de empleo, y eso exige la implicación de todas las administraciones, en varias líneas: en el ámbito rural promover un plan de empleo extraordinario, que facilite la consecución de las peonadas mínimas; en el industrial es improrrogable la reindustrialización de la Bahía para lograr nueva carga de trabajo; y contar con infraestructuras que hagan atractiva la inversión en la provincia, con el corredor mediterráneo, que es fundamental, ya que potenciaría las capacidades para generar empleo en el Campo de Gibraltar. El banco de tierras también tendría un beneficio evidente en la provincia. Y por supuesto el turismo, en el que ya se está haciendo una gran labor
—¿Hay posibilidades de cumplir con algunas de las promesas realizadas a los ex de Delphi, o puede que se prometiera demasiado y en las actuales circunstancias es imposible asumirlo?
—El acuerdo tal y como se cerró en su momento lo vemos complicadísimo, para qué vamos a engañarnos. Hay que elaborar un acuerdo en función de las posibilidades y de las circunstancias en las que nos encontramos, pero yo soy partidario de lanzar una propuesta que aunque no satisfaga a ninguna de las partes, desatasque este asunto.
—El debate sobre la reforma local tiene especial incidencia en la provincia, y conscientes de su oposición a la misma, ¿no cree en cualquier caso conveniente evitar la duplicidad de servicios o que, por ejemplo, en una misma provincia tengan que convivir una diputación y varias mancomunidades?
—La reforma local es una excusa para desmantelar la administración local y convertirla en una administración de servicios mínimos, y eliminar todo aquello que ha ayudado a mejorar la vida de los pueblos desde sus ayuntamientos. Y un primer paso de los que pretende esa reforma es la de la privatización de servicios. Jerez por ejemplo ya se ha adelantado, es un alumno aventajado, pero nosotros como gobierno y como fuerza política vamos a intentar impedir que se publique en el BOE y cuando se publique vamos a recurrirla para que no se lleve a la práctica.
—¿Lo de Gibraltar ha sido una cortina de humo o ha llegado el momento de solucionar de una vez por todas las relaciones entre España y el Reino Unido en torno al Peñón?
—Clarisimamente ha sido una cortina de humo. Los que vivimos más de cerca esta situación sabemos que hay muchísimos más matices, hay intereses económicos a ambos lados que deben contribuir al acuerdo, y en la cotidianeidad no hay crispación. Hemos podido ver cómo desde la alta política de Estado se juega con los intereses y con la economía de la gente. La Línea, en este caso, debe verse compensada por todas estas circunstancias, de ahí que apoyemos la recuperación de la carta económica especial para el municipio.
