La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado este lunes la expropiación de un inmueble en Motril para evitar el desahucio de una familia en riesgo de exclusión social, en concreto una madre divorciada, desempleada y sin ingresos, y su hija menor de edad.
Según indica la Junta en una nota, la familia que ha solicitado acogerse a esta medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda está formada por una mujer y su hija menor de edad.
Teniendo en cuenta este expediente, la Consejería que dirige Elena Cortés ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como decreto o como ley) un total de 37 expropiaciones; en concreto 15 en Málaga; seis en Granada, cinco en Sevilla; tres en Cádiz; tres en Almería; tres en Córdoba; y dos en Huelva.
Las delegaciones territoriales ultiman más de un centenar de expedientes antes de su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La expropiación del uso de la vivienda, que ha sido publicada este lunes en BOJA, evita el desalojo de esta familia durante tres años. La vivienda, de 125 metros cuadrados, está en la calle Magnolia 18 de Motril. La entidad financiera propietaria es Banesto.
Este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso, en este caso Banesto, dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno. El proceso que se inicia ahora es plenamente garantista.
RECURSO ANTE EL TC
La expropiación iniciada este lunes en Motril es la segunda desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto. Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El TC tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma.
Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado que entiende del caso, el de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Motril, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. Idéntico procedimiento seguirá con los otros expedientes publicados en BOJA.
Es una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como decreto o como ley, han sido desahuciadas.
En el momento en que el TC comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.
