El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada) ha reabierto una investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Otura relacionadas con un proyecto de reparcelación por el que se otorgó licencia de obras para la construcción de un supermercado, siendo alcalde el entonces 'popular' Ignacio Fernández Sanz, y concejal Pedro Cabanillas, que ha anunciado recientemente su dimisión como regidor tras ser condenado por prevaricación.

   En este caso, la Fiscalía de Granada ha pedido que se le tome declaración tanto a Fernández-Sanz como a los concejales de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor del acuerdo de 14 de septiembre de 2008 por el que se aprobaba el proyecto de reparcelación del sector 8 de las normas subsidiarias de Otura (entre ellos Cabanillas), y solicita además informes a la Agencia Andaluza del Agua, a la Diputación de Granada y a la Consejería de Medio Ambiente, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

   El asunto fue denunciado por un particular el 27 de julio de 2009 ante el Ministerio Público, lo que derivó en la incoación de diligencias por parte del juzgado que después fueron sin embargo archivadas, aunque se deducía la comisión de irregularidades en la concesión de licencia al supermercado. Concretamente, convino que "en ese momento procesal no existían elementos suficientes para inferir la intervención de la jurisdicción penal, sin perjuicio de que si apareciesen nuevos elementos, se procediese a la reapertura de dichas diligencias".

   Posteriormente, el particular amplió su denuncia inicial y, después de un informe de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, el juez ha contemplado la posibilidad de comisión de un delito de prevaricación o prevaricación urbanística y, en su caso, contra la ordenación del territorio.

   En relación a las irregularidades en la autorización del supermercado, el texto de la denuncia expone que "no cabe que el S-8 de las NNSS contase con un Proyecto de Urbanización válido a la hora de otorgar la licencia de las obras del supermercado (...)".

   "El artículo 149 de la LOUA dispone que la edificación de una parcela o solar requiere la previa urbanización o el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para simultanear dichas obras y las de edificación". Asimismo, y sumada a otras irregularidades, "la licencia del comienzo de las obras de movimiento de tierras se otorga con informe técnico desfavorable y con ausencia del perceptivo informe jurídico".

   Al respecto ha informado este martes en un comunicado el concejal de IU en Otura, Ángel Pertíñez, quien ha añadido que "firmado un convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios del sector 8 por valor de 300.000 euros para la realización de mejoras de un colector, a fecha de hoy no se han producido tales mejoras, y los 300.000 euros han desaparecido".

   La gestión del sector 8 en Otura ha sido, a juicio de IU, un "despropósito". Como muestra, señala la zona verde colocada en el interior de un barranco, por la que el grupo municipal de IU interpuso un recurso en el Ayuntamiento.

   Por su parte, la parlamentaria de la formación de izquierdas Mª Carmen Pérez ha recordado que el grupo parlamentario de IU registró el pasado noviembre una iniciativa en el Parlamento de Andalucía con la exigencia de petición de fiscalización al Ayuntamiento de Otura, la radio y la empresa municipal del suelo por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

   "Tal iniciativa apuntaba a la falta de transparencia de las cuentas municipales de Otura y auguraba los escándalos de corrupción que los cargos de gobierno del PP de Otura habían perpetrando", ha dicho Pérez.