La Audiencia Provincial de Granada ha rechazado el recurso que la Fiscalía planteó contra el resolución que acordó suspender el juicio y archivar provisionalmente por motivos de salud la causa en la que el exalcalde de la localidad granadina de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, estaba acusado de un delito continuado de prevaricación ordinaria y otro de prevaricación urbanística por el cambio presuntamente irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha confirmado así el auto que en el pasado mes de mayo dictó la Sección Primera de la Audiencia, y que llevó también a suspender otra causa que estaba pendiente contra él en el mismo tribunal el 3 de junio, por la que la Fiscalía pedía para Sánchez cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación urbanística y un tercero de malversación de caudales públicos.
El presidente del tribunal, José Juan Sáenz Soubrier, informó en esa segunda ocasión en la sala de que la resolución inicial, que contemplaba la aplicación analógica en su caso del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determinó que el juicio por la operación urbanística relacionada con el residencial Balcón de Cubillas no se celebraría en tanto que el procesado no estuviera en condiciones "aptas" para afrontarlo, acordando el sobreseimiento provisional también para este segundo caso.
De hecho, según recordó, la primera resolución había sido recurrida por la Fiscalía de Granada, por lo que mientras no se resolviera ese recurso, la decisión tenía que ser la misma. Finalmente, el tribunal ha desestimando el recurso del Ministerio Público, que, según fuentes de esta institución, seguirá con el proceso y llevará el caso ante el Supremo, que tendrá entonces que pronunciarse al respecto.
En el primero de los casos, el del Balcón de Cubillas, también está acusado el arquitecto municipal en el Ayuntamiento de la localidad, imputado por los mismos delitos que Sánchez, y que se enfrenta, como él inicialmente, a un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.
El juicio era el que la Audiencia ya había ordenado repetir y que ya tuvo lugar en 2011 en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, que condenó a Sánchez a 14 años de inhabilitación especial y 9 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación administrativa. Aquel fallo fue recurrido tanto por Sánchez como por el arquitecto, que pidieron la nulidad del juicio al considerar que el Penal carecía de "competencia objetiva", lo que finalmente aceptó la Sección Primera.
EL SEGUNDO DE LOS CASOS
En el segundo de los asuntos, el Ministerio Público atribuye a Sánchez la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación urbanística y un tercero de malversación de caudales públicos, por los que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.
En esta causa también están inculpados el consejero delegado de la empresa municipal 'Proyecto Atarfe', Antonio Ibáñez, el arquitecto y el secretario municipales.
Ibáñez y el secretario, José Antonio L.G., se enfrentan a diez años de inhabilitación y tres de cárcel, además de multa de 6.000 euros, por prevaricación ordinaria y malversación de caudales públicos; y el arquitecto, Luis Gustavo G.C., a la misma pena que el exregidor, por prevaricación ordinaria, urbanística y malversación.
La Fiscalía, que abrió diligencias por este asunto tras una denuncia del PP, mantiene que Sánchez, que además de alcalde era presidente de la empresa 'Proyecto Atarfe, y el resto de procesados participaron en 2005 en una operación urbanística para aumentar la edificabilidad de una parcela situada en la Unidad de Ejecución Residencial número 12 (UER-12).
En este lugar hoy existen 12 bloques de pisos con casi 400 viviendas, mediante un estudio de detalle, una figura que no contempla la legislación urbanística en el caso de este tipo de modificaciones, y además vendió el patrimonio municipal obtenido como aprovechamiento urbanístico a un precio inferior a la valoración correcta.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía insta la declaración de nulidad del estudio de detalle que se aprobó para aumentar la edificabilidad de los terrenos, de las licencias de construcción concedidas, y de las escrituras de compraventa de las parcelas municipales, o, en su caso, que los acusados indemnicen al municipio de Atarfe en las cantidades no percibidas y que han supuesto un beneficio económico a los intervinientes.
