El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado las actuaciones contra el parlamentario del PSOE y exdelegado provincial de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón en el caso en los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial, situada en Albolote, a una finca cercana.
El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que recientemente tomó declaración a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y a la actual delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Inmaculada Oria, y que pidió al Alto Tribunal andaluz que se pronunciara con respecto a la posible responsabilidad de un delito de prevaricación administrativa por omisión y contra el medio ambiente de Aragón, por su condición de aforado.
Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA se ha declarado competente, pero ordena el archivo de las investigaciones "por no apreciarse suficientemente indicios de ilícito penal alguno" en la actuación de Aragón.
Además, y en la línea de lo que declararon tanto García como Oria ante el Juzgado de Instrucción 6 hace unos días, los magistrados consideran, al igual que la Fiscalía, que el delegado de Medio Ambiente de la Junta "no cuenta entre sus competencias con la vigilancia, inspección y control" de la depuradora del centro penitenciario de Albolote.
"Entendemos en el caso actual la inexistencia del delito de prevaricación administrativa en su modalidad de omisiva, pues, en cualquier caso, no toda infracción del ordenamiento administrativo es constitutiva de delito, sin perjuicio de que la actuación administrativa pueda ser cuestionada tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa", sostiene.
De igual forma, señalan que la comisión del delito de prevaricación en la modalidad omisiva "no comporta obviamente que cualquier pasividad de un funcionario o de una autoridad en el ejercicio de sus funciones" tenga consecuencias de responsabilidad criminal.
De hecho, recuerdan que es preciso que concurran los demás requisitos, objetivos y subjetivos contemplados por el tipo penal, que consisten, en síntesis, en la adopción de "una resolución que afecte a los derechos de los administrados que objetivamente resulte patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico y con clara conciencia de antijuricidad o arbitrariedad por parte de su autor".
En ese sentido, consideran que no existe "ninguna conducta reprochable penalmente" al aforado, ya que "no consta que éste, con su supuesta inactividad, infringiera un especial deber jurídico que le fuera exigible". También sobre el delito contra el medio ambiente que le atribuye la acusación particular, el TSJA sostiene que no se le achacan conductas concretas que hayan derivado en la contaminación de la finca, con lo que también acuerdan el archivo en este sentido.
EL CASO EN EL JUZGADO
Por este mismo asunto ya declaró hace una semana ante el juez de Instrucción 6 la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Inmaculada Oria, que alegó falta de competencia de la Junta de Andalucía en los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial, situada en Albolote.
En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en sede judicial como imputada por un delito de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, mantuvo la misma línea que la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que declaró también acusada de los mismos hechos el jueves anterior.
"Con total tranquilidad" y con el "total convencimiento" de que ni ella ni ningún miembro de la Delegación de Medio Ambiente ha llevado a cabo una actuación que "no sea ajustada a derecho", dijo afrontar su declaración, en la que insistió en que las cuestiones de aguas y del dominio público hidráulico son "competencia exclusiva" del Estado desde 2011.
Asimismo, afirmó que a ella no le consta informe alguno sobre esos posibles vertidos de la cárcel, cuyo seguimiento y control correspondía al organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, concluyó que está "totalmente convencida" de que en el Estado de Derecho, "como no puede ser de otra forma", "imperará la justicia y se archivará la causa".
Su comparecencia se produjo el lunes día 29, justo cuatro días después de que declarara ante el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que también defendió su actuación en este asunto y negó que existiera competencia autonómica en este caso, con lo que confió igualmente en el archivo de las diligencias.
El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, "y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces".
El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, "tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua".
Como consecuencia de ello, "tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias".
De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su "anuencia", se ha "prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR --la depuradora de la prisión--, a la que tienen derecho todos los ciudadanos".
Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que "era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG".
