La provincia de Granada registró en 2015 un descenso en el número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aplicados en las empresas, aunque UGT rechaza "cualquier amago de triunfalismo" y lo vincula con la posibilidad que tiene ahora el empresariado de descolgarse de los convenios y modificar las condiciones de los trabajadores.
Concretamente, y a falta de que se cierren los datos de 2015, el pasado año se aplicaron 27 ERE que afectaron a 98 trabajadores, de los que tres conllevaron despidos colectivos; ocho la suspensión del contrato y el resto, un total de 16, reducciones de jornada.
La secretaria general de UGT Granada, Manuela Martínez, ha señalado a Europa Press que en estos datos se aprecia una clara tendencia de descenso de Expedientes de Regulación de Empleo, tanto de extinción como temporales, respecto a 2014.
Mantiene no obstante que esta disminución debe interpretarse con cautela "bajo esa tranquilidad que aparenta la estadística", puesto que la cifra de ERES tenía que disminuir forzosamente "porque lo contrario hubiera supuesto una verdadera catástrofe, ya que mantener el ritmo de los años duros hubiera significado que no quedase ni una empresa viva en Granada".
Recuerda además que la destrucción de empleos ya se produjo, a través de despidos, jubilaciones en tiempo o anticipadas, durante los años anteriores.
Martínez también ha vinculado estos datos con que los empresarios han descubierto la posibilidad de aplicar el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que, tras la reforma laboral del Gobierno del PP deja a los trabajadores ante una "situación de desprotección alarmante", ya que el empresario tiene la posibilidad de modificar las condiciones establecidas en los convenios colectivos a través de "los descuelgues".
