La delegada de Cultura y Deporte y presidenta de la empresa municipal Madrid Destino, Celia Mayer, ha pedido a los servicios jurídicos que estudien la retirada de la denuncia interpuesta el pasado viernes contra los dos titiriteros encarcelados por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ha considerado "intolerable" que se encuentren en prisión preventiva incondicional.
"Como presidenta de Madrid Destino me he puesto en contacto con los servicios jurídicos para que estudien la retirada de la denuncia", ha explicado Mayer en un comunicado. En él explica que la denuncia fue interpuesta para esclarecer lo sucedido durante el espectáculo "y nunca por nunca que tuviera que ver específicamente con un supuesto enaltecimiento del terrorismo".
Los dos titiriteros para los que el juez ordenó prisión incondicional, miembros de la compañía Títeres Desde Abajo, fueron detenidos el viernes después de la representación de la obra 'La bruja y don Cristóbal' en Tetuán, dentro de las actividades del Ayuntamiento de Madrid para festejar el carnaval. Durante la obra, uno de los títeres exhibió una pancarta con el lema 'Gora Alka-ETA', entre otras acciones, que motivó la posterior detención de los responsables del espectáculo.
Mayer ha insistido en que lo ocurrido fue "grave" porque el contenido de la obra era "inaceptable" para el público infantil "pero esto no puede justificar bajo ningún concepto la utilización interesada que se está haciendo de este caso ni la desproporción de los cargos que se le imputan".
"Considero que es intolerable que dos personas hayan entrado en prisión preventiva incondiciomal, situación que no puede prorrogarse ni un minuto más", ha declarado la edil.
En cuanto a la demanda interpuesta contra ella ayer por el PP, Celia Mayer ha escrito que son "varias" las dirigidas contra ediles de Ahora Madrid desde mayo en un "ataque a la democracia" por el que las instituciones judiciales "se estén utilizando como herramientas contra este Gobierno municipal y en un claro intento de distraer la atención respeto a las decenas de casos de corrupción abiertos en la actualidad".
Esta ofensiva judicial pretende "desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente y que representa las aspiraciones de cambio de mucha gente".
