Un juzgado de Almería ha acordado la paralización del procedimiento de expropiación que había instado la empresa Minas de Alquife S.L.U. sobre las propiedades de Manuel Sánchez Ferre, considerado legítimo propietario del conjunto minero ubicado en la provincia de Granada.
Así lo ha indicado el abogado de este último, Jesús Yebra, en un comunicado en el que ha explicado que la empresa presentó en julio de 2016 ante la Junta de Andalucía una "petición de expropiación forzosa" sobre los bienes que legítimamente le corresponden a la sociedad de gananciales integrada por Manuel Sánchez-Ferre y Carmen Redondo Segura.
En su opinión, el inicio de este procedimiento pone de manifiesto que Minas de Alquife S.L.U. "no reconoce como propios los terrenos y concesiones mineras donde pretende iniciar la explotación"
A su vez, en 2008, la sociedad de gananciales integrada por el matrimonio Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo vendieron aproximadamente unas 700 hectáreas de terreno a tres empresas domiciliadas en Luxemburgo que conforman el actual 'holding', cuya empresa matriz tiene su sede en Holanda.
Entre los requisitos de la compra-venta figuraba una cláusula resolutoria en la cual se indicaba que, si a fecha 31 de diciembre de 2014, no se habían efectuado los pagos, la parte vendedora, esto es, "la sociedad de gananciales Sánchez Ferre-Redondo recuperarían todas sus propiedades y el contrato quedaría sin efecto".
Según el comunicado remitido por el representante legal de la sociedad de gananciales, antes de vencer el plazo, un representante de las empresas luxemburguesas les comunicó por escrito que "no podrían hacer frente a sus obligaciones de pago".
Meses después, ante la negativa de Minas de Alquife S.L.U. a abandonar sus propiedades, la sociedad de gananciales presentó una demanda con el objetivo de "salvaguardar sus intereses y recuperar lo que legítimamente les corresponde".
En julio de 2016, la empresa Minas de Alquife S.L.U. presentó un escrito en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía instando al inicio de un procedimiento de expropiación forzosa sobre los bienes de Sánchez Ferre-Redondo habida cuenta de que, en septiembre de 2015, esta administración había dictado una resolución por la que se transmitía a Minas de Alquife S.L.U. los derechos mineros de Minas del Marquesado.
La provindencia dictada por un juzgado de Almería ordena a la Junta de Andalucía paralizar el procedimiento expropiatorio teniendo en cuenta "la falta de firmeza de la resolución que en septiembre de 2015 acuerda la trasmisión a Minas de Alquife S.L. de los derechos mineros de Minas del Marquesado, el incumplimiento de las condiciones resolutorias en las que se acordaba la misma y, en particular, la demanda incidental interpuesta por la sociedad de gananciales".
Para Jesús Yebra, como representante de la sociedad de gananciales integrada por Sánchez Ferre y Redondo Segura, se trata de una "buena noticia, coherente y conforme a ley" pues "se sabe a ciencia cierta, que las empresas luxemburguesas no abonaron en su día las cantidades pactadas y como consecuencia de ello, la venta ha sido resulta" debiendo revertir "la posesión y propiedad de lo que se pretendía vender" en sus originales propietarios.
"Es claro y notorio que Minas de Alquife S.L.U. está actuando con evidente mala fe procesal, pues sabe y le consta, de forma directa, que las ventas efectuadas en su día por la sociedad de gananciales a las empresas luxemburguesas fueron dadas por resueltas", ha añadido Yebra quien está "a la espera de que la sentencia judicial nos dé la razón y obligue de una vez por todas, a que estas empresas abandonen nuestra propiedad".
"A la vista de estos datos, creemos que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía debe reconsiderar su postura acerca de la resolución que publicó en septiembre de 2015, por la cual otorgaba a Minas de Alquife S.L.U. la transmisión de los derechos mineros, ya que podría estar incurriendo en delitos de diversa consideración", ha concluido el abogado que ha mostrado su disposición a entablar contactos a este respecto con la administración autonómica.
