Varios feligreses y catequistas vinculados a la parroquia del padre Román, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Granada por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 a 2007, han declarado este lunes que nunca han presenciado "actitudes indecorosas" o "lascivas" por parte de este sacerdote en el templo de San Juan María Vianney o en las viviendas que comparte con otros curas en Pinillos y Salobreña.
El juicio del llamado caso de los Romanones se ha reanudado este lunes con la declaración de cinco testigos propuestos por la defensa del párroco, ejercida por el letrado Javier Muriel, el cual ha renunciado a más de la mitad de los testigos que había previstos para esta sesión, entre ellos el padre del denunciante de los abusos y cuatro agentes del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional.
Estos feligreses, algunos vinculados al templo de San Juan María Vianney desde su construcción, han descrito un "ambiente de normalidad" en la parroquia, donde conocieron al denunciante de los supuestos abusos cuando ejercía de monaguillo primero y como catequista después, compartiendo en ciertos casos momentos de convivencia con él en la casa de los Pinillos, donde según han relatado acudían con sus hijos y otras familias.
Igualmente han afirmado ver a la supuesta víctima "bastante integrado en la parroquia" en un periodo posterior al que presuntamente ocurrieron los episodios de abusos que él describe.
Una de las catequistas vinculadas a la parroquia, y que coincidió con el denunciante cuando también ejercía esta labor, ha negado haber sido objeto de cualquier abuso sexual por parte del padre Román ni haber presenciado en él la "más mínima actitud indecorosa", tampoco en la casa de Pinillos, donde el juez instructor situó los hechos "más graves y relevantes penalmente".
Ha hecho hincapié en que no era "para nada" una vivienda "hermética", sino que siempre acogía a "un montón de gente", de jóvenes y de sacerdotes ajenos incluso a la parroquia. Tampoco percibió "nada extraño" en la residencia que el llamado grupo de los Romanones tiene en Salobreña y nunca les ha visto bañarse desnudos como han afirmado otras personas que estos días han declarado ante la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
Afirma esta testigo que la noticia de la denuncia al padre Román por supuestos abusos causó "indignación" en el entorno del sacerdote, que recibió apoyo de feligreses incluso de otras zonas donde había ejercido su labor pastoral.
En un sentido similar se ha pronunciado una profesora del Instituto Juan XXIII --vinculado a la citada parroquia-- la cual ha enfatizado que tiene dos hijos y "para nada" les habría puesto "en peligro" si hubiese visto "cualquier indicio de algo", puesto que acudió con su marido y los niños al domicilio de Pinillos en varias ocasiones, alguna de las cuales llevó a casa al denunciante en su coche tras haberse "hecho tarde".
Otro feligrés al que la supuesta víctima contó que había sufrido abusos por parte del padre Román y "algunos más" ha señalado que esta acusación le dejó "estupefacto", También tuvo contacto con él a principios de 2015, después de que los hechos fueran denunciados por el joven, que le trasladó que se encontraba "contento" porque había estado con un prelado del Opus Dei y un capellán experto en abusos sexuales que le había dado calma "espiritual".
Tras finalizar este lunes la ronda de testigos, el juicio continuará este martes con el inicio de las declaraciones de los peritos propuestos en la causa, algunos de los cuales se encargaron de analizar la credibilidad de las declaraciones del denunciante.
El padre Román M.V.C., que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel, negó en la primera sesión del juicio haber abusado del denunciante cuando era menor, al que, según dijo, sólo asesoró en el plano religioso para que "profundizara en su fe" y al que afirmó que quería "en el sentido que usan los cristianos" pero no "de enamoramiento".
La acusación particular, ejercida por la supuesta víctima de los abusos, atribuye al padre Román tres delitos de abuso sexual por el que solicita 26 años de prisión; mientras que la acusación popular, que ejerce la Asociación Prodeni, solicita 15 años de cárcel y la defensa la libre absolución.
