El Arzobispado de Granada ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Granada en el que solicita que le confirme si, una vez concluido el proceso penal en el llamado 'caso Romanones', del que el padre Román salió absuelto del delito de abuso sexual que le atribuyó un joven de su parroquia, puede continuar con la investigación interna en torno a este asunto que emprendió en su momento la Iglesia Católica.

El Arzobispado, personado en este caso como responsable civil subsidiario, ha presentado este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada instara en noviembre de 2014 al Arzobispado a "que se abstuviese de realizar cualquier acto de investigación o tramitación" vinculada a los hechos que se investigaban tras la denuncia de este joven, que acusó al padre Román de abusar de él cuando era menor de edad.

La Audiencia de Granada absolvió al padre Román tanto por la falta "total y absoluta" de pruebas contra él como por la "inconsistencia del relato" del denunciante, que, a juicio de la sala, incluyó "graves contradicciones" y aspectos "absolutamente inverosímiles".

Ahora, y aunque el denunciante ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, el letrado del Arzobispado entiende que esta circunstancia no afectaría a su petición y que "carece de justificación la suspensión de actividades internas, conforme a la propia normativa de la Iglesia Católica".

Así, solicita el Arzobispado a la Sección Segunda de la Audiencia que confirme si "no tiene ya efecto la suspensión en su día acordada, procediendo por tanto a continuar las actuaciones que procedan en su caso", tal y como avanza este martes el diario 'Ideal'.

DOCTRINA DE LA FE

Cuando el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declaró como testigo en el juicio del llamado 'caso Romanones' afirmó que "jamás" se le había trasladado "la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada" del padre Román.

El prelado afirmó que tras tener conocimiento de la denuncia por abusos se puso a disposición del denunciante. Aunque sacó los billetes para trasladarse a Roma, fue informado de que la Santa Sede ya estaba al tanto del asunto y, de hecho, fue decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe apartar del ejercicio pastoral al padre Román y dos sacerdotes más como medida cautelar.

El arzobispo incidió en que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.

En la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como "verosímil" y agregó que, de confirmarse los hechos, esto "explicaría ciertas actitudes del grupo", del que había recibido quejas por su carácter "hermético". No obstante, matizó que el expediente se centraba en los hechos denunciados y solo recogía una "investigación previa" y "no concluyente" de los mismos, en el marco de expediente canónico que entregó al Juzgado de forma "voluntaria" tras recibir autorización de sus superiores.