Cerrado al marisqueo de todas las especies la zona de producción de Mazagón por la presencia de toxinas DSP

Publicado: 05/09/2012
Los análisis del Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros han detectado que los moluscos no son aptos para el consumo
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva ha cerrado al marisqueo de todas las especies la zona de Mazagón, tras comprobar el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya, que los moluscos no son aptos para el consumo, por la presencia de la toxina DSP. En esta área, que discurre entre El Picacho y Torre del Loro, no se puede mariscar almeja chocha, busano, cañaílla, chirla, coquina, longueirón y navaja/muergo.

La Junta de Andalucía recuerda que se mantiene la prohibición de capturar estos bivalvos en la Barra del Terrón, la Desembocadura del Piedras, Isla Canela, Isla Cristina y Punta Umbría, también por DSP. Igualmente está cerrado al marisqueo el Río Carreras, por la bacteria E. Coli.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca analiza de forma continuada la calidad tanto de las aguas como de los moluscos para garantizar la salubridad de los mismos. En función de los parámetros resultantes, la Delegación determina la apertura o cierre de la zona de producción.

Estas medidas se enmarcan en el Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, que realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos recolectados, permitiendo la adopción de medidas preventivas cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente. Para ello, dispone un complejo sistema de control sanitario, que incluye muestreos tanto del agua como de los moluscos.

   La Junta de Andalucía recuerda que el marisqueo sin licencia está prohibido y las sanciones por este incumplimiento pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.

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