Los cien folios que la jueza del caso Acinipo, Judith Saiz, mantenía aún bajo secreto se referían, como adelantó a finales de septiembre pasado RONDA SEMANAL, al ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y su relación con la implantación en Ronda del centro comercial Eroski. La jueza se ha visto esta semana pasada obligada a dar a conocer esa parte de la investigación tras exigirlo la Audiencia Provincial, a la que había apelado el ex concejal Rafael Lara, uno de los implicados en la causa. Su defensa protestó tras que la magistrada corrigiera en apenas unas horas el auto en que anunció el total levantamiento del sumario en septiembre pasado, dejando bajo secreto esos pocos folios. Pese a que la instructora dictó el segundo auto como aclaración del primero, tal aclaración “no puede utilizarse para algo tan importante como mantener bajo secreto partes del sumario. No cabe una aclaración para un asunto así”, explicaron este martes a RONDA SEMANAL fuentes cercanas al implicado. La Audiencia atendió dicha apelación y corrigió a la jueza pidiéndole que hiciese efectivo su primer auto. En pocas horas, el miércoles por la mañana, los implicados tenían acceso a los documentos, que también pudo conocer este periódico. En este nuevo punto de la instrucción, las partes ya pueden presentar o pedir documentación e incluso testigos.
La implicación de Borbolla tiene que ver, como adelantó en su día RONDA SEMANAL, con el asesoramiento que prestó a los promotores de Eroski el despacho Borbolla Abogados, bufete al que está directamente asociado el ex presidente. La Udyco habló de una incompatibilidad al ser además Rodríguez de la Borbolla miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, del que dependía el cambio del PGOU que permitiría la llegada del centro comercial.
En septiembre, cuando se conoció la implicación del histórico socialista en este caso, el Consejo Consultivo se apresuró a desvincular a Borbolla de las resoluciones en torno a Eroski en el organismo: “No pertenece a la Comisión Permanente”, refería un comunicado aludiendo al órgano en que se dirimen los asuntos urbanísticos. La novedad de la documentación entregada a las partes por la jueza radica en que la policía era conocedora de estos extremos, tanto que son los propios investigadores del grupo de la Udyco quienes subrayan en sus informes que Borbolla no pertenece a esa comisión. Aún así, entienden que existe una incompatibilidad al considerar alto cargo de la Junta al ex presidente, nombrado por el Consejo de Gobierno, tanto que llegan a hablar de un presunto delito de “asesoramiento ilegal”. La Policía aplica para ello el reglamento del Consejo Consultivo que regula las incompatibilidades de altos cargos.
En esos 100 folios, en los que aparecen conversaciones telefónicas y correos electrónicos, también aparecen facturas, destacando una minuta de presentada por Borbolla Abogados a la empresa Cecosa Hipermercados, vinculada al grupo Eroski, por 226.560 euros. En el concepto figura ‘Asesoramiento y coordinación jurídica en el proceso de modificación puntual del PGOU de Ronda’. Un informe de la Policía dice al respecto que “de confirmarse el efectivo pago del asesoramiento realizado” podría constituir además “un presunto delito de cohecho”. La Policía habla de otra factura de 120.000 euros, por un concepto similar, que se encontró durante el registro practicado en la sede de Grupo Ruiz Jurado. Apuntan los investigadores que Borbolla también habría asesorado al Ayuntamiento en los pasos a seguir en esta tramitación. Recela al final de los importes, y llega la Policía a poner como ejemplo el precio que por el asesoramiento en torno al total del PGOU de  Madrid licitó dichos trabajos el Ayuntamiento de la capital, 163.955 euros. El precio es de diciembre de 2012; entiende la Policía que las cantidades pagadas en Ronda “desproporcionadas” al ser esta una ciudad considerablemente más pequeña.
La Policía informa al final a la jueza de la existencia de una posible ocultación patrimonial al haberse presuntamente transferido parte del dinero cobrado por Borbolla Abogados a una sociedad que tendría relación con Eroski, extremos que deberán también seguir investigándose.
Rodríguez de la Borbolla ha hecho declaraciones al periódico provincial Málaga Hoy, y habló de una “confusión” con su cargo, reiterando los argumentos del propio Consejo Consultivo, tras subrayar que no tenía responsabilidad alguna en la Comisión Permanente. Negó tener la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía, y se puso a disposición de la jueza.
