La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 11 millones de euros los servicios de conservación de casi 500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Cádiz, con el objetivo de garantizar la vialidad durante los próximos tres años de más 35 carreteras de Cádiz. De esta cantidad, 4,1 millones irán destinado a la zona noroeste que compete a un total de 177km de carreteras para atender a conexiones de poblaciones como Jerez, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María o Rota. Las carreteras que se verán afectadas por este desembolso pertinentes a la Villa de Rota serán la A-2075, A-2076 y A-491, esta última un reclamo político desde el Gobierno Municipal durante la última década debido a su deteriorado estado.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reparte los servicios de conservación en 36 zonas territoriales. Cuatro cubren el mapa de la red viaria de titularidad autonómica en la provincia de Cádiz y dos de ellas han sido adjudicadas. La primera de ellas cuenta con una inversión de 4,1 millones, abarca la zona noroeste, con 177 kilómetros de carreteras que atienden las conexiones de poblaciones como Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona o Trebujena. El segundo contrato, adjudicado por cerca de 6,9 millones, incluye 301 kilómetros de la zona suroeste e incluye las tareas de mantenimiento, además de la autovía A-381 entre Jerez y Alcalá de los Gazules, las comunicaciones con municipios como Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Benalup o Ubrique.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado este proceso de renovación de los contratos de conservación con tiempo para evitar que se repita la situación vivida a principios de 2019, cuando nada más llegar el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con la mayoría de los contratos de la red viaria caducados o a punto de expirar y sin posibilidad de recurrir a una prórroga. Estos dos lotes de la provincia de Cádiz forman parte, de hecho, de la primera remesa para la renovación de todos los contratos que velan por la vialidad de los más de 10.500 kilómetros de red viaria.
Los lotes cuentan con dos novedades frente a los anteriores. El primero es que Andalucía incluye ya la revisión ordinaria de precios conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público publicada en mayo del pasado año. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicios, se suma también a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, que venía a atender una petición del sector, que solicitó un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.
Además, se han introducido en estos contratos mejoras en materia laboral, que van a favorecer que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente con garantías a sus obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Al respecto, no sólo se defiende un buen servicio de 24 horas y los 365 días al año, sino también unas condiciones dignas a una plantilla de los servicios de Conservación.
Las labores de conservación son fundamentales para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipología: como reparaciones de firmes, mejoras de arcenes, la limpieza, reposición y colocación de elementos de señalización vertical y balizamiento, el repintado de marcas viales, la reparación de obras de fábrica, la protección o, en su caso, reconstrucción de cunetas o cursos de agua; la reparación y colocación de elementos de defensa o vallas de cerramiento; la mejora de márgenes o estabilización de taludes o el control de vegetación. Por último, se incluyen intervenciones en casos excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de estos equipos.
Los servicios de las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Para ello, las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, de reparación de elementos dañados y de ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación.
